Un juez da la razón a un profesor asociado que reclamaba sus trienios


La normativa universitaria excluye expresamente a los profesores asociados del cobro de trienios, aunque existe una directiva europea que extiende este derecho a todos los trabajadores, independientemente de la modalidad contractual. Por primera vez, un tribunal ha defendido la aplicación de esta norma. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido el cobro de trienios a un profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El docente, defendido por el sindicato UGT, interpuso una demanda contra la UCM en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 de Madrid, que le dio la razón en julio del año pasado. Ahora, el TSJM ratifica esa sentencia, que entiende que “no se justifican por la universidad razones objetivas que autoricen un trato diferente a los profesores asociados”. El tribunal, que no admitió el recurso de apelación formulado por la UCM, insiste en que “la naturaleza administrativa del contrato por sí sola no autoriza a ello, que el EBEP [Estatuto Básico del Empleado Público] excluya al personal docente no deja a la universidad al margen de la normativa europea de imperativa aplicación”.

Esta directiva, la 1999/70 CE, establece que “los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas”. En este punto, el texto señala que “no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada”.

El profesor que demandó a la UCM cobrará, por tanto, trienios desde cuatro años antes de la fecha de solicitud, el 17 de septiembre 2008.

En Madrid hay cerca de 1.700 profesores asociados. En España, unos 12.000. El sindicato UGT advierte de que, aunque no todos ellos estarían afectados por la sentencia, el fallo “podría dar lugar a solicitar que se aplicara (extensión de efectos) a todos los que se encontraran en la misma situación en Madrid. En otras comunidades deberían iniciar las reclamaciones respectivas”.

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