El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela está investigando si dos de los máximos responsables de Agrovalle, la empresa de transformación de hortalizas de Mallén que se hundió al poco de comenzar a funcionar con ayudas millonarias de la DGA, estafaron a la mayoría de los directivos y mandos intermedios de la compañía al hacerles invertir en el socio mayoritario de la entidad –ODA, Órgano Directivo Alimenticio– cientos de miles de euros que nunca recuperaron. El acuerdo, en el que la entrega del dinero era un requisito para obtener un empleo indefinido, incluía su reembolso a los quince días de cesar la relación laboral con Agrovalle, aunque tras el despido nadie recuperó ese dinero, según indican las denuncias.
Los investigados son Herbert Kolling, el alemán que ocupó el cargo de director general, y José Luis Pérez Lízar, el exdirigente de la UGT de Navarra que se hizo cargo del departamento de Recursos Humanos. Ambos están imputados en el Caso Mallén y serán interrogados el próximo mes de febrero por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza.
El juez encargado de la instrucción, el mismo que investigó asuntos como el crimen de Fago o el de Sabiñánigo, ha remitido las actuaciones a la magistrada zaragozana, que las ha unido al Caso Mallén.
Las dos querellas que dieron pie a la investigación fueron presentadas por dos de las personas a las que trabajar en Agrovalle terminó costándoles dinero. Una iba a ser jefa de contabilidad y la otra, encargada de turno. La primera aportó 20.000 euros en comprar participaciones de ODA cuando su sueldo anual en Agrovalle iba a ser de 32.000, mientras que la segunda puso 20.000 para un salario de 24.300.
PAGOS Una de las denuncias relata como otros siete empleados aportaron a ODA 285.000 euros, lo que supone que la compra presuntamente forzada de participaciones superó, al menos, los 320.000 euros. En algunos casos, la entrega a cuenta superaba el salario bruto anual, caso de un directivo que –según una de las querellas– desembolsó 100.000 euros cuando en un año iba a cobrar 72.300 –89.000 con incentivos–. Y en otros era mayor que el neto, como el de la ejecutiva contratada por un bruto anual de 65.000 que entregó 60.000.
El capital social de Agrovalle en manos de ODA, que había iniciado sus acciones mercantiles cuatro días antes que Agrovalle –a mediados del 2007– pese a ser su accionista mayoritario, era de 1.078.080 euros repartidos en 17.968 participaciones –el total ascendía a 2.378.280 en 39.638 acciones–.
Una de las querellas indica que «la obligación por el trabajador de participar en el capital social» de ODA –la adquisición de las acciones era formalizada ante notario– era «requisito indispensable en orden a la concertación del contrato».
Los contratos y las aportaciones fueron formalizados en el segundo semestre del 2007 y el primero del 2008. Agrovalle cerró el primero de esos ejercicios con unas pérdidas de 266.918 euros que al año siguiente habían aumentado a 1,9 millones. Entre mayo y junio de ese último año, el Gobierno de Aragón le concedió ayudas por valor de 1,95 millones.
CONCURSO Y SUELDOS En octubre de ese mismo 2008, según recoge una de las querellas, Pérez Lizar calificó de «imprescindible», en una reunión del consejo de administración de Agrovalle, «establecer un plan de choque ya que es previsible que al final de año se obtengan unas pérdidas por importe de 2,5 millones de euros». Poco después, en junio del 2009, la empresa presentaba el concurso voluntario de acreedores que le ha llevado a la disolución. La denuncia asegura que Pérez Lízar pactó con los empleados «a sabiendas de que no iba a poder cumplir lo que prometía».
Con esa situación económica, llama la atención la abultada masa salarial de Agrovalle: 1,24 millones en conceptos fijos para el 2008, más otros 124.009 euros en variables arrastradas del ejercicio anterior para 29 directivos y mandos intermedios. Casi la quinta parte de ese dinero iba a manos de Kolling –171.649– y Pérez Lizar –94.313–.
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