Un mercado laboral más que imperfecto: EREs encubiertos


Los empresarios han encontrado una puerta de atrás por la que esquivar las trabas incorporadas en la última reforma laboral para permitir los expedientes de regulación de empleo (ERE).

De un lado, la posible judicialización de los procesos si no hay acuerdo con los trabajadores, y de otro, el aumento de las exigencias por parte de la Administración a la hora de aprobar los despidos colectivos –ahora es necesario certificar las pérdidas de una compañía y si éstas son permanentes o transitorias– han movido a las empresas a conducir el adelgazamiento de sus plantillas por otras vías.

Entre las fórmulas que ganan enteros se encuentran los despidos individuales, sin superar los topes trimestrales que fija la ley por encima de los cuales habría que presentar obligatoriamente un ERE, ya sean disciplinarios o pactados con el trabajador. Han sido los expertos en la materia y los propios jueces que se encargan de tramitar los expedientes colectivos quienes han dado la voz de alarma.

Y las últimas cifras del mercado laboral corroboran su denuncia: el número de trabajadores afectados por EREs de extinción está siendo notablemente inferior a las cifras registradas en la crisis de los años 90, a pesar de que entonces fue bastante inferior la destrucción de empleo.

Unas denuncias que llegan sólo semanas después de que el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, alertase de los abusos que se producen en las solicitudes de la prestación por desempleo y de que el propio Ministerio de Trabajo reconociese que se había demostrado que una cuarta parte de los casos de supuestos falsos parados que han sido investigados en el último año eran efectivamente fraudulentos. Estos fallos del sistema no sólo contribuyen a alentar la sensación de impunidad ante los incumplimientos de la ley, sino que conllevan un elevado coste para las arcas públicas, ahora más diezmadas que nunca.

Tomados en conjunto, junto a otras medidas fallidas de la última reforma laboral como los incentivos a la contratación parcial o la penalización de la temporalidad, constituyen argumentos de peso para abordar una nueva revisión del mercado de trabajo español. Cuando tanto a los empresarios como a los trabajadores les sale a cuenta bordear la ley, es evidente que el sistema está herido de muerte.

Cuando hablamos de un mercado que ha rebasado los cinco millones de desempleados y en el que apenas se producen nuevas contrataciones, toda urgencia es poca. En diferentes circunstancias, cabría conceder algo más de tiempo para que los últimos cambios en la normativa laboral, que datan de apenas un año, diesen sus frutos. Pero en el contexto actual que atraviesa España de estancamiento económico y desconfianza generalizada, todo impulso será bien recibido.

http://www.expansion.com/2011/07/28/opinion/editorialyllaves/1311889409.html

 

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