Una juez ha fallado contra la Autoridad Portuaria de Alicante por aplicar de forma indebida la última reforma laboral aprobada por el Gobierno a un trabajador. La entidad tendrá que readmitir o indemnizarle por despido improcedente con 45 días por año trabajado hasta la fecha de entrada en vigor de la reforma laboral, y con 33 días a partir de ésta.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, puede sentar un precedente, ya que rechaza que un organismo o entidad pública pueda alegar causas económicas por pérdidas para declarar un despido objetivo cuando su presupuesto está fijado con anterioridad y el resultado final del ejercicio mejora esa previsión.
«No se puede considerar que exista una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida, porque los propios presupuestos del organismo demandado contemplan pérdidas como resultado de sus ejercicio mayores a las que, en definitiva, se produjeron al final de los diferentes ejercicios», señala la titular del Juzgado de lo Social 7 de Alicante, Aurora Gutiérrez.
En 2009, el presupuesto de la Autoridad Portuaria era de 13.325.000 euros, con una previsión de resultado negativo de -1.722.000 euros, que al final fue de 815.666. Situaciones similares se registraron en 2010 y 2011, cuando las pérdidas fueron de 1.061.426 y 1.608.485 euros, respectivamente, muy por debajo de los 2,7 y 3,3 millones previstos, respectivamente.
Es cierto que el tráfico portuario en Alicante ha disminuido en los últimos años, al pasar de 2,8 millones de toneladas de mercancías en 2008 a 2,5 millones el año siguiente, 2,2 en 2010 y una cantidad algo superior en 2011.
En cualquier caso, como los resultados fueron mejor de lo esperado, el Puerto no podía acogerse a las causas económicas bajo el paraguas de la «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente», según la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Además, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, no podía acordar ese despido sin la previa aprobación de Puertos del Estado.
El trabajador despido, José Javier Pedrós, era jefe del departamento económico-financiero del Puerto de Alicante y tras su cese la plaza quedó vacante y sus funciones fueron asumidas por el jefe de división económica-financiera.
En declaraciones a este diario, Pedrós considera que antes de acudir a un despido la entidad debería «eliminar en primer lugar todos aquellos gastos no necesarios para su funcionamiento y adoptar cuantas medidas de ajuste y reducción sean necesarias».
«El despido debería ser el último recurso al que acudir para mejorar una cuenta de resultados», opina el trabajador, pues «hay muchísimas posibilidades de mejorar la gestión de cualquier actividad».
Otra antigua empleada del Puerto, exjefa del Departamento Comercial, fue despedida con los mismos argumentos, aunque ese juicio aún no se ha celebrado.

http://www.laverdad.es/alicante/v/20121029/provincia/juez-falla-contra-autoridad-20121029.html