Varapalo judicial. No de otra forma puede calificarse la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que sostiene que la conservera Halcón Foods, con sede en Campos del Río, utilizó «en fraude de ley», contra 66 de sus trabajadores, la figura del expediente de regulación de empleo (ERE), «pretendiendo conseguir un resultado contrario al ordenamiento jurídico o prohibido por el mismo».
El citado ERE -el primero, en apariencia, que se presentó en la Región tras la reforma legal que abarataba los despidos y que entró en vigor el pasado 12 de febrero- lo anunció Halcón Foods el 16 de abril y buscaba la extinción de los contratos de 66 trabajadores. La iniciativa se dirigía contra empleados que ya anteriormente habían demandado a la empresa, solicitando la extinción de sus contratos de trabajo por estar sufriendo retrasos en el cobro de las nóminas y, con ello, indemnizaciones de 45 días por año trabajado. Unas demandas que estaban obteniendo el respaldo de los jueces de lo Social y del propio TSJ, que a lo largo del año habían dictado al menos cinco sentencias consecutivas favorables a los trabajadores.
El ERE se presentó el 20 de abril, apenas cinco días antes de que se celebrara otro juicio impulsado por 26 empleados de la firma. La dirección de la conservera aducía «pérdidas empresariales, al haberse visto reducidas las ventas en ejercicios anteriores», y aseguraba que, en esas circunstancias, era «imprescindible readaptar la plantilla a la realidad del trabajo existente». Su planteamiento era pagar 20 días por año a cada trabajador despedido. El comité de empresa de Halcón Foods presentó entonces una demanda para tratar de abortar los planes de la compañía.
En una sentencia que acaba de ser notificada, la Sala de lo Social del TSJ resalta que el ERE presentado por Halcón Foods se trataba en realidad de «una argucia», como ya había advertido la Inspección de Trabajo en un informe sobre este asunto, con el fin de «deshacerse de todos los trabajadores que, en uso de sus derechos laborales, pretendían rescindir sus contratos».
Para llegar a esa conclusión, los magistrados destacan que la empresa había utilizado criterios subjetivos para elegir a los afectados por el ERE, «incluyendo a trabajadores con más antigüedad que otros, la mayor parte contratados antes de 1988 y, por tanto, con mayor experiencia». También resaltan el hecho de que se tratara de empleados fijos discontinuos, con lo cual, si fuera cierta la reducción de la producción que alega la empresa, bastaría «con reducir los llamamientos (para trabajar)», con lo que se mantendría la viabilidad empresarial.
Lo más llamativo, con todo, es la circunstancia, recogida en la sentencia, de que, con posterioridad a los despidos, la empresa «haya contratado a otros 76 trabajadores por obra o servicios a jornada completa, que son los que sin duda vendrían a reemplazar a los despedidos».
Por todo ello, estiman los magistrados que el ERE fue presentado «en fraude de ley, con la finalidad de evitar hacer frente a las indemnizaciones derivadas de las sentencias dictadas contra la empresa por extinción de contratos, en cuantía de 45 días por año trabajado (…), pretendiendo reducir dicha indemnización a 20 días por año». Incluyendo además a 26 empleados que todavía tenían un juicio pendiente.
Un portavoz de la compañía señaló ayer que la sentencia no es firme y que será recurrida ante el Supremo. Además explicó que Halcón está «en plena campaña del melocotón, con 200 empleados en activo».
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120727/region/varapalo-judicial-halcon-foods-20120727.html