Representantes de los antiguos trabajadores de las cocinas del Complejo Hospitalario han denunciado el «trato vejatorio» que han sufrido y han pedido la rescisión del contrato con la actual adjudicataria del servicio, Mediterránea de Cátering, por no cumplir algunas de las condiciones del pliego.
PAMPLONA. Asimismo y tras solicitar la reversión del servicio a lo público y el mantenimiento de los puestos de trabajo han negado que las incidencias registradas en el nuevo servicio de cocinas desde su puesta en funcionamiento el pasado 21 de enero se hayan debido a ningún tipo de boicot o sabotaje y han achacado el «caos» a la «incompetencia de la empresa en cuanto a eficacia y eficiencia».
De esta forma se han pronunciado en la comisión de Salud del Parlamento, en una sesión que fue solicitada antes de esa fecha, en concreto el 3 de enero, por I-E ante su «preocupación» por la forma de rescindir los contratos tanto por parte del departamento de Salud como de la nueva empresa adjudicataria de los servicios de cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra, Mediterránea de Cátering.
Los representantes de los trabajadores han denunciado el «trato vejatorio» al que se ha sometido al personal fijo y en este sentido han calificado como «muy lamentable que después de un año y tres o cuatro meses en los que se sabía que se iba a privatizar, hasta el 10 de enero los cocineros no sabían a dónde iban a ir».
Es decir, han añadido, ha habido una «falta de coordinación entre el SNS-Osasunbidea y Función Pública» y se han «transmitido mensajes confusos a los trabajadores y sus representantes».
Como ejemplo han citado que al personal fijo de determinados niveles se les transmitió la posibilidad de ser recolocados en otros niveles, algo que les ha sido negado a los pinches, a los que se «les ha ofertado unos pocos puestos de limpieza, cuando han estudiado unas oposiciones para pinche de cocina y había plazas vacantes de cocina en Función Pública».
Igualmente han aludido a la «inseguridad jurídica» personal del nivel C, los cocineros, que pueden ser recolocados en una categoría inferior, así como la «falta de transparencia» en todo ese proceso.
Respecto a la empresa adjudicataria del servicio han criticado su falta de «eficacia y eficiencia» y el «chantaje» y «trato vejatorio» al personal.
Los trabajadores han subrayado que la anterior plantilla la integraban 204 personas entre fijos y eventuales, y ahora «cuando se cojan las tres cocinas serán 89 personas, de las que un porcentaje importante estará a tiempo parcial, cuando los anteriores excepto los del fin de semana, estaban a tiempo completo».
Han comentado que en cinco días han sido despedidos varios trabajadores al considerar la empresa que «no estaban bien preparadas para el puesto» y han negado que «el 80 % del personal sea de las antiguas cocinas», a lo que han añadido que algunos trabajadores que han sido llamados se han negado a acudir por las «pésimas condiciones».
Además han remarcado que se asiste a un «desprestigio de lo público» y se ha pasado de «un servicio totalmente satisfactorio a un verdadero desastre», ya que «en el servicio público no había ninguna intoxicación, ni queja, había agradecimiento, ahora hay quejas masivas». «Con la sanidad no se puede jugar, no debe ser un negocio», han afirmado, tras lo que han señalado que «no saben quien se beneficia, los navarros no».
Han reprochado al departamento de Salud que tan solo hable de ahorro, algo que, según han dicho, ni siquiera está claro que vaya a ser como estaba previsto.
Totalmente de acuerdo con los ellos se ha mostrado Marisa De Simón (I-E), quien ha sostenido que no es de recibo el «trato vejatorio» del personal, ha coincidido en la falta de previsión el departamento y desinformación, al tiempo que ha negado el boicot y ha instado al Gobierno a volver a la gestión pública.
Antonio Pérez Prados (UPN) ha dicho no entender el tono de la intervención y ha sostenido que en el proceso de rescisión de contratos «se ha seguido la legalidad vigente» y ha indicado que «las quejas están bajando». Asimismo ha instado al departamento de Salud a que exija a la empresa adjudicataria que cumpla el contrato.
El portavoz del PSN, Samuel Caro, ha lamentado «profundamente» que no se haya cumplido la moción que pedía que se informara a los trabajadores y que la consejera se reuniera con ellos, ya que es «el momento de dar la cara».
Por Bildu, Bikendi Barea ha sostenido que en este proceso ha habido un recorrido que «se sumerge en lo kafkiano» y ha reprochado al Gobierno que sus decisiones se basen en criterios economicistas por encima de lo público. «La solución es revertir el proceso», ha concluido.
La portavoz de NaBai, Asun Fernández de Garaialde, también ha cuestionado la decisión del Ejecutivo y su justificación en un ahorro que, según se ve, cada vez es menor, tras lo que ha mostrado su preocupación por las dietas que se están dando a los enfermos, así como por los despidos de trabajadores. Ha reiterado que están en contra de la privatización y han pedido la rescisión del contrato.
Enrique Martín (PPN) ha dicho que son «conscientes» de los problemas que han tenido que padecer por los acoplamientos que «siempre son difíciles» y ha subrayado que tiene buena experiencia con la externalización de las cocinas del Hospital de Tudela, por lo que ha considerado «prematuro» hacer un juicio de valor a esa empresa.
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/01/30/sociedad/navarra/empleados-denuncian-vejaciones-de-la-empresa-y-piden-que-el-servicio-de-cocina-vuelva-a-ser-publico