Carmen Botía es profesora de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, una de las impulsoras de la plataforma de denuncia abusospatronales.es.

¿Cuál debe ser el papel de los sindicatos del siglo XXI?

El sentido de los sindicatos sigue siendo importantísimo, sobre todo en un entorno laboral como el actual en el que hay una progresiva pérdida de derechos de los trabajadores. El problema es el modelo de sindicalismo en este país y la crisis de representatividad. Al principio de la industrialización, lo trabajadores empezaron a representarse a sí mismos a la hora de reivindicar mejoras laborales, pero cuando se desarrolló el Estado del Bienestar, el conflicto colectivo entre el capital y el trabajo se fue canalizando a través de estas instituciones que eran los sindicatos. Los trabajadores empezaron a dejar de representarse a sí mismos y eso hizo que se institucionalizara el conflicto y se canalizaran las demandas hacia formas menos combativas. Por otra parte, en este país el modelo de representación sindical ha sido el de delegación política. ¿Esto qué significa? Que los trabajadores, cuando participan de las elecciones sindicales, delegan. Cada trabajador y trabajadora tiene un tiempo de su jornada laboral para representarse a sí mismo, pero al delegar en los delegados sindicales estos se convierten en sus representantes. En muchos casos, estas personas, al no estar en el día a día del trabajo, se han alejado de la dureza del desempeño del trabajo cotidiano, ya que la rotación de representantes no sucede en todos los casos.

¿Por qué han acumulado tanto descrédito en los últimos tiempos?

Los sindicatos tuvieron un papel muy activo contra el franquismo y tenían bastante legitimidad, por ejemplo Comisiones Obreras. Hubo un momento de efervescencia, de muchísima afiliación. La gente estaba en la calle, reclamando mejoras. Se reivindicaba que los sindicatos de clase velasen por los derechos de los trabajadores de una manera real. Porque lo que había habido durante la dictadura franquista era un sindicato vertical que representaba los intereses de las empresas y todos los trabajadores tenían que estar afiliados de alguna manera. Después de esto, se fue institucionalizando el conflicto, sobre todo debido a los Pactos de la Moncloa. Los sindicatos se fueron alejando de su papel. Se cedió en muchas reivindicaciones con el objetivo de consolidar la democracia, para que se calmasen las revueltas en las calles. Entonces lo que se hizo fue modular las demandas de los trabajadores. Algo así como ‘Nos frenamos en las reivindicaciones, consolidamos la democracia y vosotros empresarios os comprometéis para que el capital que vais a acumular lo invirtáis en nuevos puestos de trabajo’. Cuando el empresariado no invierte el capital acumulado por la moderación,  ya dejan de firmarse macroacuerdos de negociación política que son como un gran paraguas para todos los sectores de actividad y se firman solo acuerdos parciales, para responder a conflictos laborales concretos de ámbito menor. Al firmar los grandes macroacuerdos fruto de la negociación política, se renuncia a parte de las reivindicaciones obreras, y cuando se renuncia a algo que se disfruta o que se podría conseguir, es muy difícil volver atrás.

¿Es solo responsabilidad de los sindicatos?

Es cierto que los sindicatos se han ido convirtiendo en organizaciones que han olvidado muchas veces su papel y se han retroalimentado a sí mismas. Han generado instituciones muy jerarquizadas, bastante controladas por sus cúpulas, y se han olvidado de la representación. Han estado más preocupadas por salvaguardar los intereses de la organización que de los propios trabajadores y trabajadoras. Pero también es cierto que el Estado ha ido legislando desde el Estatuto de los Trabajadores, con cada reforma, reduciendo los derechos laborales. En la relación capital-trabajo, el trabajo es la parte más débil y el Estado del Bienestar genera el derecho del trabajo para regular esa relación laboral y proteger a la parte débil. Pero en este país el derecho del trabajo se ha ido conformando, legislando hacia la desprotección con el objetivo de generar un mercado de trabajo dinámico, flexible –esa peligrosa palabra- y eso es responsabilidad también del Estado. Por tanto, tiene responsabilidad también el Estado, como lo tienen el empresariado y la estructura del mercado de trabajo. 

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas?

Las grandes empresas, muchas grandes constructoras, aunque no solamente, se enriquecieron bastante en el franquismo y empezaron a perder ese nivel de beneficios con la Transición en la medida en que había organizaciones obreras que pedían mejoras salariales y mejoras laborales en general. Pero tenemos que partir de una cuestión: en este país hay una consideración general respecto a la mano de obra: se la considera un coste. Y si lo consideras un coste, tu estrategia va a ser siempre, reducir ese coste intentando rebajar los salarios, aumentando los ritmos de trabajos, aumentando la productividad, etc., para que haya una diferencia entre lo que inviertes en ese coste y el beneficio que obtienes. Eso es contradictorio con las llamadas políticas de recursos humanos, cuyo objetivo no es solo utilizar mano de obra y despedir, sino permitir un desarrollo profesional. Para ello tienes que considerar a la fuerza de trabajo como una inversión. Y por eso se ha promovido la desprotección de los trabajadores, con argumentos de ‘vamos a generar empleos’. El hecho es que no hay más empleos, sino empleos que se fragmentan, salarios que se rebajan… La economía española ha optado por un crecimiento en parte basado en un mercado de trabajo segmentado, habiendo un mercado de trabajo con mayor estabilidad, salarios dignos, reconocimiento de las cualificaciones puestas en juego, un segmento cada vez menor; y un mercado de trabajo en aumento con inestabilidad, salarios insuficientes, precariedad, entradas y salidas, poco o ningún reconocimiento de las cualificaciones puestas en juego, con muchísima diversidad dentro de este segmento… Y eso hace que la clase trabajadora no se conciban como trabajadores, con más o menos conciencia, ya que las condiciones de cada grupo son muy diferentes. 

¿Por ejemplo?

En la misma universidad donde trabajo, las trabajadoras de la limpieza lo hacen para una subcontrata y cada una tiene un tipo de contrato diferente, ni siquiera en ese trabajo hay una homogeneidad. Las administraciones públicas han descargado mucho del trabajo de servicios que antes desempeñaban como limpieza, mantenimiento, asistencia personal, cuidados a personas mayores, cuidados a personas en situación de dependencia,  ese trabajo en en empresas a las que subcontratan, muchas de ellas cuyo origen estaba en las grandes empresas constructoras que se enriquecieron y crecieron durante la dictadura franquista. En esas condiciones es muy difícil que un sindicato tenga credibilidad. 

¿Qué tienen que hacer entonces?

Se tienen que reconvertir, dejar de mirarse el ombligo y seguir estrategias que lleguen a la gente, que vuelvan a tener credibilidad y demostrarlo con los hechos. Tienen que volver a representar a los trabajadores y a las trabajadoras también, dejar de representarse a sí mismos y, algo que podría ayudar: que la cuota sindical fuera obligatoria por ley, que cada trabajador elija el sindicato al que se quiera afiliar, pero que se afilie. En la medida en que cada sindicato tuviera una financiación propia tendría las manos libres para velar por las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores a quienes deberían representar. Los sindicatos mayoritarios están financiados por el Estado a través de las elecciones sindicales, de la formación continua… Y si alguien te está dando dinero es difícil que reivindiques muchas cosas. Un porcentaje del dinero de los ERE van a parar, legalmente, a los grandes sindicatos que lo gestionan. Eso es una barbaridad. Y estamos en un punto en el que los propios empresarios reconocen que el despido es improcedente y te dejan la indemnización en el juzgado. El mercado de trabajo español se ha caracterizado, no solo en el momento presente, frente al mercado de trabajo de otros países europeos, por la diferencia entre el segmento precario y el segmento no precario.

¿Funcionarían mejor como pequeñas estructuras?

Para la gente que está en una posición ‘privilegiada’ en el mercado laboral, los sectoriales defienden mejor su trabajo, por ejemplo, para pilotos, para los controladores aéreos, médicos… Tienen intereses muy específicos y esos sindicatos están consiguiendo cosas muchas veces porque el conflicto laboral se ha gestionado lateralmente, entre grupos de trabajadores. Los conflictos entre entre grupos de trabajadores le viene bien al capital porque así no reivindicas ni demandas a quien es responsable de la precarización. También existe un altísimo porcentaje de autónomos, que tienen la idea de que por una parte son empresarios. Y es mentira en su mayoría. Son trabajadores de hecho, que no tienen la protección de una empresa que al menos asuma ciertos riesgos por ellos.  Cada vez hay más trabajadores y trabajadoras autónomas, se buscan la vida, trabajando mucho, sin apenas generar más allá del salario mínimo. Es una precarización encubierta y hace que los sindicatos no les protejan en tanto que no son trabajadores por cuenta ajena. Hay que revisar todo eso. Y que se siga protegiendo tan poco a los autónomos dice mucho de los objetivos de este país: que cada vez haya menos porcentaje de trabajadores por cuenta ajena y que se neutralicen las reivindicaciones de condiciones de trabajo dignas. 

¿Cómo se puede afrontar el reto de la robotización?

No tendría que ser un problema que se incorporen nuevas tecnologías, o que se robotice el trabajo más penoso o repetitivo. Si eso lo puede hacer un robot es perfecto porque así no lo realiza un ser humano, que podría hacer cosas más creativas. El problema es el uso que se hace de esa nueva tecnología en relación con las condiciones que se generan en los trabajadores. Por un lado, se expulsa a trabajadores fuera del mercado de trabajo y la riqueza que se produce socialmente al incorporar la nueva tecnología no revierte en la sociedad. Los robots no pagan IRPF. El problema es que el propietario de las nuevas tecnologías está expulsando del mercado laboral y de los derechos de ciudadanía a grandes masas de antiguos trabajadores que, además, es muy improbable que en las condiciones actuales se reenganchen al trabajo. 

¿Recuperaremos los derechos perdidos?

Se podrían recuperar si hubiera una voluntad política. Estamos en una sociedad en la que si falleciera el 20% de la población mundial daría igual porque es gente pobre que no consume y que es prescindible. Y eso es tristísimo. El problema es cómo se construyen las relaciones sociales y dentro del mercado de trabajo. Los derechos de ciudadanía venían de la mano del desempeño de un empleo remunerado, para toda vida, que te ofrecía un salario familiar suficiente, lo desempeñaba el varón y había un pacto social que permitía que él trabajaba y ganaba el pan, y ella era la que cuidaba de los hijos y del hogar. Y los derechos venían de la mano de ese número de la Seguridad Social vinculado al contrato de trabajo del cabeza de familia. Si ahora no hay un empleo a tiempo completo que te permita protegerte, significa que cuando lleguemos a mayores no vamos a tener derecho a reivindicar una prestación. En este contexto, socialmente nos tenemos que organizar para que los derechos de ciudadanía no vengan de la mano de haber desempeñado un empleo digno. Si no, vamos a tener porcentajes de población cada vez mayores, que no van a tener derechos ni a comer, ni a un salario, ni a una educación, ni a una salud. Si ya no hay trabajo para todo el mundo hay que redistribuir la riqueza para que no haya personas que estén expulsadas de la sociedad, en situación de exclusión y en peligro de muerte real, no solo social. De muerte por frío, por mala alimentación, por una salud deteriorada. Eso supone asumir que no vamos volver a los tiempos del pleno empleo, y que no olvidemos era un pleno empleo que excluía a la población femenina. Una solución a todo esto es voluntad política firme y real para una redistribución de la riqueza socialmente producida vía impuestos a los capitales, sociedades de inversión, patrimonios excesivos.

¿Falta también esa perspectiva en las organizaciones actuales?

Antes se analizaba el mercado de trabajo formalizado y, por otra parte, el mercado de los cuidados, no reconocido, no remunerado, denostado, muy feminizado. Hacerlo por separado es un error porque forman parte de la misma realidad social, como en sociología comenzó a plantear Carlos Prieto. Son ambos productivos y reproductivos a la vez. No es posible uno sin el otro. Para que alguien llegue a un empleo y comience a producir desde el minuto uno, y vaya planchado, comido, vestido… ha habido tradicionalmente otra persona que lo ha hecho posible. La ciudadanía, la empresa y el Estado tienen que asumir que es una responsabilidad propia, no darlo por hecho. Se siguen despidiendo a mujeres embarazadas. Ya es grave que no haya derechos, pero aun habiéndolos se vulneran. La precariedad y la flexibilidad heterónoma, o el tiempo de trabajo controlado de manera exclusiva por la empresa, ha hecho que, no solo controlen tu tiempo de trabajo, sino todo tu tiempo, ya que no se puede planificar ni contar con él, mientras se espera si te llaman o no te llaman para ir a trabajar, y eso es gravísimo.

http://www.lamarea.com/2017/04/29/sindicatos-siglo-xxi-carmen-botia-sociologia/