Con los juzgados de lo social llenos de demandas, la Plataforma de Afectados BBS ha decidido ir más allá. Un total de 31 trabajadoras han presentado una querella criminal contra ocho responsables del grupo BB Serveis, del sector de la dependencia. Les acusan de apropiación indebida, delito continuado de estafa, contra los derechos de los trabajadores y alzamiento de bienes. BBS acumula 193 incidencias judiciales y 25 procedimientos por retrasos e impagos a trabajadores de todo el Estado. La plataforma considera «una vergüenza nacional» la impunidad de BBS y lleva meses pidiendo difundir el caso de abuso laboral a un «colectivo vulnerable formado mayoritariamente por mujeres con nivel socio-económico bajo».
María José Alarcón es una de las querellantes. Trabajaba en la residencia Josep Mestre de Molins de Rei cuando en el 2009 empezaron los retrasos en los pagos, que en 2011 se convirtieron en impagos. Su odisea terminó con su despido en febrero del 2012. «Se nos notificó por SMS que nos iban a entregar el finiquito; se hizo un despido masivo de unas 80 personas sin haber presentado ERE», dice Alarcón, que denuncia que se firmaron finiquitos de 41 euros ante los sindicatos.
BBS está actualmente embargada por Hacienda. «A pesar de no cobrar, tenías que ir a trabajar para que no te despidieran, y había personas que no tenían dinero ni para desplazarse», dice Alarcón. Tres de los responsables denunciados, Xavier Ripoll, Jesús Puyoles e Ismael Soriano, cargan contra las administraciones, que les deben 3,6 millones, mientras las nóminas por pagar suman 800.000 euros. «Es muy difícil denunciar a una Administración pública», dice Ripoll, «tienen la ley a su favor». Puyoles y Soriano ven gratuito hablar de estafa. «Es imposible desviar unos fondos que no se han recibido», dice Puyoles. Soriano añade que BBS pidió créditos por valor de dos millones avalados con patrimonio personal.
Lo sorprendente es que una empresa con tantas incidencias haya contado con hasta 80 concesiones públicas. «Los ayuntamientos no han rescindido sus contratos hasta que no han creado una situación insostenible con los trabajadores», dice una abogada de los afectados.
El portavoz de la plataforma, Roberto Martínez, denuncia que BBS es un entramado de empresas que dejan de pagar y van cerrando. «Si nos declaramos en quiebra, ya no cobramos», dice Puyoles. Los afectados se sienten también abandonados por las administraciones contratantes. La plataforma ha agradecido a las trabajadoras que, a pesar de no haber cobrado durante meses, no han dejado de atender a las personas dependientes.
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