La multinacional de comercio electrónico Amazon espió el desarrollo de la huelga de centros logísticos y transportistas del 30 de octubre de 2019 en su centro de El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona. En el operativo desplegado participó el policía ya jubilado Antonio Giménez Raso, socio de José Manuel Villarejo en Catalunya e imputado en una de las piezas de la causa que investiga la organización criminal que presuntamente dirigía el comisario encarcelado.

La agencia de detectives Pinkerton, con la que trabaja Amazon a nivel mundial, subcontrató en Catalunya a una firma local del sector, Castor & Polux, propiedad de Julián Peribañez. elDiario.es ha tenido acceso a un documento interno en el que se describe a Giménez Raso como el «enlace policial» de la citada agencia de detectives con los Mossos d’Esquadra para comunicar «cualquier incidencia» durante la jornada de paro. 

Un portavoz de Amazon ha trasladado la posición de la compañía: «Por parte de Amazon no ha existido ninguna solicitud a Pinkerton ni a ninguno de sus socios afiliados para que hiciesen seguimiento de la huelga de transporte en Catalunya en octubre de 2019».

El medio estadounidense Motherboard publicó la pasada semana documentos que demuestran que Amazon infiltró espías en una de sus plantas en Polonia en noviembre de 2019, días después de la huelga que los detectives monitorizaron en su centro de Barcelona. Las prácticas de espionaje a empleados se han extendido por otros países de Europa, caso de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Austria, la República Checa y Eslovaquia.

El inspector jefe Giménez Raso, de 66 años, se jubiló en septiembre del año pasado, pero está desvinculado del servicio activo desde octubre de 2005. Como policía en segunda actividad ha ejercido de detective y aparece como socio del conglomerado empresarial de Villarejo en tres sociedades –Servicios de Investigación y Detección, Cenyt Argo e Inteligencia y Detección– según consta en el sumario de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. 

El acuerdo entre Villarejo y el detective, sellado en 2008, establece que Giménez Raso participará «con dedicación exclusiva» en el negocio privado del comisario, la sociedad Cenyt, que entre otras actividades servía al agente encarcelado para vender dosieres sobre terceros sirviéndose de información confidencial a la que accedía en su condición de funcionario, según consideran indiciariamente acreditado el juez del caso y la Fiscalía Anticorrupción. 

elDiario.es ha tenido acceso al informe que la agencia de detectives de Julián Peribañez realizó para Amazon durante la jornada en la que colaboró Giménez Raso. Se trata de un documento de 51 folios con fotografías que los detectives hacen emboscados a las puertas de la planta de El Prat durante la jornada de huelga. Las instantáneas van acompañadas de comentarios sobre la actitud de los sindicalistas, los trabajadores e incluso de un equipo de periodistas que se dirige a informar al lugar. 

Los detectives asisten a los preparativos de huelga de la noche anterior. En el informe fijan la hora de arranque de su vigilancia a las 22:00 horas del 29 de octubre: «Observamos cómo se reúne un grupo de personas que se identifican con petos de sindicatos CCOO y UGT. Se registran rostros para posibles identificaciones de hechos posteriores».

Tras las primeras fotos, los detectives escriben: «Destacar que observamos cómo al menos 3 personas llevan máscaras y utensilios para esconder el rostro. Comprobamos que con intención de amedrentar a los trabajadores y con la intención de no ser identificados por posibles actos». Un poco más adelante, añade: «Con el cambio de turno de trabajadores de la empresa, varios de los individuos que tapan su rostro se acercan a los coches que van saliendo mientras gritan y amenazando de que no vayan a trabajar al día siguiente».

En las fotografías realizadas a escondidas aparecen en todo momento miembros de la empresa de seguridad de la planta de El Prat, tanto uniformados como de paisano, y también Mossos d’Esquadra sin que esto afecte al trabajo de los espías de Amazon. En un momento del informe, los detectives se refieren por su nombre de pila al «responsable de seguridad» de la planta. 

Hechos similares son descritos ya por la mañana. A las 10:30 el equipo de detectives da el relevo: «En una ocasión se produce un enfrentamiento entre el cabecilla de los manifestantes, un hombre de unos 60 años, pelo blanco, estatura de 1.70 aproximadamente, y el jefe de seguridad, pero es simplemente un intercambio de opiniones, reproches y gesticulaciones de desprecio. Eso no impide al primero seguir con su acto informativo a los camioneros».

El trabajo de los informadores no escapa al espionaje. El detective escribe: «Minutos más tarde detectamos la presencia de una chica de unos 28 a 30 años que llega con un equipo de grabación poco elaborado y lo monta al lado de los manifestantes para hacerles un primer enfoque y entrevista para poder exponer los sucesos a los que se manifiestan. No logramos identificar la cadena o slot comercial al que representa la chica a través del dibujo del micrófono». Los espías buscan a continuación el vehículo del medio de comunicación, toman nota de la matrícula y el modelo y lo fotografían.

El dueño de la agencia Castor & Polux, Julián Peribañez, ha declarado a elDiario.es que «por cuestiones de confidencialidad con los clientes» no puede realizar comentario alguno al respecto. Sobre Giménez Raso, Peribañez ha añadido que es «amigo» suyo y que «en alguna ocasión» le ha pedido ayuda, pero que no mantienen relación comercial o laboral alguna. Por su parte, Antonio Giménez Raso ha declinado hacer comentarios. 

Colaboradores de la brigada política

El nombre de Julián Peribañez, dueño de Castor & Polux, apareció en los medios por primera vez en 2013 como uno de los detenidos de la agencia Método 3 por la grabación de una conversación en el restaurante La Camarga en 2010 entre la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y Victoria Álvarez, la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola cuya denuncia dio origen al caso Pujol en la Audiencia Nacional. 

El caso fue archivado a los seis meses y eso redundó en la sospecha de que la brigada política de la Policía buscaba en realidad material que la agencia de Francisco Marco pudiera tener sobre el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que había comido en La Camarga en fechas anteriores con la cúpula policial. 

Uno de los mandos implicados en la Operación Catalunya, el comisario Marcelino Martín-Blas, y el inspector Rubén Eladio López, mano derecha del anterior mientras fue jefe de la Unidad de Asuntos Internos, confirmaron durante el juicio del pendrive de los Pujol que Peribañez había colaborado con ellos en el análisis de la documentación incautada en Método 3. Ambos aseguraron que pagaron a Peribañez con dinero público comidas y desplazamientos a Madrid. 

Julián Peribañez también declaró como testigo en el juicio y negó tener vinculación alguna con la información informática robada a los Pujol, una suerte de «vida informática» del hijo mayor del expresidente que la brigada política intentó introducir sin éxito en la causa de corrupción que se sigue en la Audiencia Nacional. Peribañez niega participación alguna en la Operación Catalunya y ciñe su colaboración con la Policía, de 18 meses, a la investigación de la filtración de un informe de la UDEF aparecido en la sede de Método 3 y a su condición de antiguo empleado de esa agencia de detectives. 

En cuanto a Giménez Raso, grabaciones de Villarejo a las que ha tenido acceso elDiario.es confirman su participación en la Operación Catalunya. En una de ellas, de mayo de 2014, el comisario acaba de recibir la orden de abandonar los trabajos alrededor del procés y habla con otro de los mandos policiales implicados en las maniobras, Martín-Blas. En el audio se escucha cómo Villarejo, que ha salido del despacho del entonces director operativo Eugenio Pino, pone a «Antonio» (Giménez Raso) a informar a partir de ese momento al jefe de Asuntos Internos.

En la causa Tándem o Villarejo aparece también una grabación de 2008 incautada al comisario en la que Villarejo y el inspector jefe hablan del que va a ser su acuerdo comercial. El comisario explica a Giménez Raso cómo la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía realiza una especie de subcontratación de causas judicializadas a espaldas de los magistrados instructores. 

«Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos», dice Villarejo de su relación con la UDEF. En ese momento estaba al frente de la Unidad el comisario José Luis Olivera, al que Anticorrupción investiga por las sospechas de haberse enriquecido con la trama de Villarejo. De hecho, las pesquisas señalan que Olivera detenta el 5% de la empresa surgida del acuerdo entre Giménez Raso y Villarejo.