La secretaria de mujer, igualdad, inmigración de CCOO de Galicia Mabel Pérez Simal, ha denunciado hoy en Ourense que menos del 50% de convenios colectivos en Galicia incorporan cláusulas de protección por acoso laboral, por lo que ha demandado protocolos de actuación en este sentido.
Basándose en un informe realizado por el Instituto de la Mujer, Pérez Simal subrayó que en estos momentos un «15% de las mujeres trabajadoras sufren, a lo largo de su vida, acoso laboral por razón de sexo», lo que extrapolado a Galicia, añadió, supone unas «75.000 mujeres en Galicia», que sufrieron algún tipo de acoso en su puesto de trabajo.
«Por cada 400 consultas presentadas sólo llegan a denunciarse cuatro casos», explicó Simal, quien instó a «romper ese manto de silencio» y así hacer visible una violencia «que está muy callada y que pasa casi desapercibida».
Para destapar la situación, abogó por la necesidad de incorporar en todos los convenios un artículo en el que se defina «qué es acoso, que se establezca una relación contundente de principios de que no se van a tolerar esas situaciones y establecer procedimiento informal de solución de conflictos cuando ocurran», dado que todavía son «pocas mujeres las que denuncian estas situaciones».
Además, se refirió a la situación actual de la violencia de género en España, que según Simal, tiene un «carácter estructural», por lo que aseguró que debatir la Ley de Igualdad «lo único que hace es dilatar el debate real, que es poner recursos e instrumentos» para resolver este problema.
Entre las principales deficiencias, criticó la falta de juzgados específicos en esta materia para proteger a las mujeres víctimas.
Del «76,63% de los casos tratados por violencia de género en los juzgados específicos «tienen condena» sólo el 49,56% de los que se resuelven por la vía penal, indicó Simal, según datos extraídos del consejo del órgano judicial, por lo que consideró necesario poner en marcha instrumentos específicos para hacer frente a la violencia de género.
Ante esta situación, abogó por activar instrumentos y recursos junto a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía, que son las medidas «que podemos poner en marcha».
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