El trabajador prestó sus servicios laborales a una empresa del sector de la hostelería de la playa de Gandía, desde el 18 de septiembre de 2010 hasta noviembre de 2011, fecha en que el empresario imputado A.A.L. le impuso el traslado a otro centro de trabajo, un Mesón Gallego de su propiedad situado en Alzira.

Durante el tiempo que duró la relación laboral, el trabajador era obligado a realizar jornadas laborales abusivas de 11 horas diarias. Asimismo, además de no abonarle los salarios puntualmente, sino de forma parcial y esporádica, el acusado dejó de pagar las tres últimas mensualidades

Cuando el pasado mes de diciembre el trabajador recurrió a los servicios jurídicos de CGT para denunciar la situación de explotación laboral en la que se encontraba, fue despedido de manera fulminante sin indemnización alguna y sin que le fuera saldada la deuda.

Cabe destacar que el trabajador R.A.G.P. prestó sus servicios en todo momento en los locales de restauración y que, cuando solicitó un contrato para regularizar su situación, el empresario le hizo un contrato como empleado de hogar para cubrir el mismo puesto de trabajo. Un hecho que impidió al demandante solicitar el Permiso de Residencia en España.

No es la primera vez que desde CGT se denuncia la contratación irregular de las personas sin papeles. Lamentablemente, la crisis estafa y el clima de impunidad generalizado ante este tipo de prácticas está provocando que situaciones semejantes se repitan cada vez más frecuentemente. El objetivo de los empresarios sin escrúpulos es ahorrar gastos de cotización y tener trabajadores esclavos.

La situación es especialmente grave en la comarca valenciana de La Safor: sólo en la ciudad de Gandía hay más de 9.000 personas sin empleo y los abusos se multiplican.

La Confederació General del Treball manifiesta la frontal oposición a que la clase trabajadora continúe pagando una crisis que no ha provocado y denuncia que se siga poniendo dinero público para salvar a los bancos con la obstinación de perpetuar un sistema económico injusto del que ciudadanos autóctonos e inmigrantes pagamos las consecuencias.

El próximo día 19 de junio de 2012 en los Juzgados de Valencia tendrá lugar el juicio contra la empresa. CGT exige que abone lo adeudado y que le sean reconocidas al trabajador las cotizaciones a la Seguridad Social. El sindicato anarcosindicalista confía en que la Justicia se ponga del lado del más débil y que esta situación de abuso y de violación de los derechos laborales no quede impune

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