El Juzgado de lo Social número 1 de Granada ha condenado por despido improcedente al Ayuntamiento de Zafarraya, gobernado por el PP, que deberá readmitir a una trabajadora social, que era supervisora de ayuda a domicilio, o indemnizarla en la suma de 2.068,31 euros y los salarios dejados de percibir desde la fecha en la que fue cesada, el 31 de agosto de 2011.
Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la mujer llevaba trabajando desde el 7 de junio de 2010 para el Ayuntamiento con un contrato a tiempo completo por obra, con la categoría social y salario por día de 36,77 euros. Desempeñaba funciones como supervisora de ayuda a domicilio y también realizaba labores de carácter auxiliar en los servicios del Ayuntamiento, tales como gestión de subvenciones, archivo de documentos, apoyo a servicios sociales, y sustitución de personal en vacaciones en tareas administrativas.
En fecha 31 de agosto de 2011 se le comunicó por escrito la extinción del contrato, indicándole el Ayuntamiento que los motivos se basaban en ajustes presupuestarios y la cesión del servicio de ayuda a domicilio a una empresa.
El Juzgado ha estimado la demanda interpuesta por la trabajadora declarando la improcedencia del despido y dándole la oportunidad de optar entre la readmisión en las mismas condiciones o la indemnización y los salarios dejados de percibir, a razón de 36,77 euros por día. Contra la sentencia, de fecha 14 de febrero, cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La portavoz socialista en el municipio, Rosana Molina, considera que el fallo judicial evidencia que el despido es fruto de una «represalia» del alcalde, Félix Zamora (PP), contra la empleada por ser militante del PSOE y haber ejercido como edil socialista en el Consistorio hace dos mandatos.
«Con esta decisión judicial, queda demostrado que el despido obedece a razones ideológicas», sostiene Molina, quien ha mostrado su apoyo a la empleada afectada y ha acusado al alcalde del PP de recurrir una vez más a la «intimidación y a la coacción». De hecho, el sueldo de la trabajadora procedía del dinero que destina la Diputación Provincial de Granada a la Ley de Dependencia, una cuantía que el Ayuntamiento ha seguido cobrando tras despedirla, por lo que no existen razones económicas como alega el alcalde.
Según la portavoz socialista, la trabajadora únicamente fue despedida por su afiliación política, ya que cumplía con su trabajo de forma responsable y profesional, y su marcha ocasionó conmoción e incomprensión entre los usuarios de este servicio, que vieron mermados sus derechos a ser atendidos con la mayor calidad y eficacia, y a contar con una supervisora a la que exponer sus problemas, ha informado Molina.
La representante socialista ha lamentado que el PP utilice «métodos caciquiles» como itinerario de su gestión y ha recordado que hace apenas unos meses el regidor del PP prohibía a los socialistas la instalación de una caseta con motivo de las últimas fiestas del municipio. «El PP practica sin tapujos en Zafarraya una política cavernaria e intransigente con el aval del presidente provincial de este partido, Sebastián Pérez», ha aseverado.
Para el PSOE «se hace justicia con esta trabajadora», si bien los socialistas defienden que la indemnización no debe pagarla el Ayuntamiento, ya que los vecinos no son culpables de los errores del equipo gobierno, sino que son los responsables políticos del PP los que deberían hacer frente a este pago, «pues el despido sólo ha obedecido a su deseo de venganza política».
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