La Inspección de Trabajo ha impuesto una multa de 35.000 euros al Ayuntamiento de Crevillent por lo que considera una manipulación indebida de placas de amianto en el derribo de las viejas naves de Imperial. Esta sanción se ha producido como consecuencia de la denuncia que EUPV-ERPV presentó ante la Inspección de Trabajo. No obstante, desde el Gobierno municipal del PP ya se ha anunciado la intención de recurrir la sanción al entender que «la empresa del derribo tomó las medidas y precauciones necesarias, siguiendo el protocolo que establece la normativa».
En este sentido, el concejal de Obras, Rafael Candela, aseguró que «el proyecto de derribo de las naves constaba de dos partes. Por un lado, figuraba el proyecto del derribo propio de las naves calcinadas por el incendio y, por otro lado, había otro proyecto que recogía la retirada de las placas de uralita existentes y de los pequeños trozos que quedaron después del incendio». Además, el edil aseguró que, «cuando las máquinas estaban realizando las tareas preparatorias y rellenando las galerías y depósitos existentes para asentar el terreno, hubo una zona no contemplada en el proyecto que se vino abajo de manera fortuita». Según dijo Candela, «se trataba del antiguo secadero que tenía un techo de tejas, pero anexo al mismo había una pequeña construcción de unos 15 metros cuadrados que corría peligro de desprendimiento para los trabajadores». Así, según dijo, «para evitar que se pudiera producir un accidente, la empresa procedió al desmontaje de las piezas de uralita, siguiendo en todo momento lo que establece el protocolo de la legislación vigente».
Desde el grupo de EUPV-ERPV pidieron ayer la dimisión del concejal de Obras, al considerarlo responsable de este problema. El edil de EUPV-ERPV Daniel Galvany dijo que, «con esta probable sanción, queda demostrado que actuamos poniendo por delante los intereses de los crevillentinos, y su salud, frente a una forma ineficaz e irresponsable de dirigir la Concejalía».
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