El Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Cádiz ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo que responsables del Hospital Puerta del Mar han podido poner en riesgo la salud de médicos embarazadas al incumplir la aplicación de la ley de riesgos laborales en materia de protección del embarazo, algo que la Dirección-Gerencia del centro niega.
El SMA de Cádiz afirma que tuvo constancia de estos hechos a finales de 2010, tras la comunicación de varias médicos embarazadas al sindicato. Explica que «se quejaban del retraso en sus trámites del procedimiento de baja por riesgo laboral por la actuación de la denominada Comisión Hospitalaria de Valoración de Riesgo Laboral, órgano creado por la Dirección-Gerencia del Hospital no contemplado en la normativa vigente». Esta Comisión, que era presidida por el anterior subdirector Económico-Administrativo, y en la que participaban, entre otros, la Dirección Médica, determinaba, en cada caso, una de las tres posibilidades que la normativa del SAS contempla: No apta temporal para trabajar, Apta y Apta con restricciones.
«Ante el retraso de estos trámites, las médicos afectadas solicitaban información a los distintos responsables y ninguno ofrecía una explicación razonable. Se justificaba la demora con argumentos como que ‘la Comisión no se había convocado, pero que se iba a convocar próximamente y que ya se le tendría informada del resultado’; cuando la Comisión ya se había convocado, la tardanza entonces se debía a ‘que tenían que estudiar su caso y ya la llamarían’; y cuando la demora superaba ya varias semanas, la excusa era que ‘el expediente estaba en la Dirección Médica o en el despacho de la gerente para que lo firmara’. En definitiva, se dilataba injustificadamente el informe final», expresan fuentes del SMA, que añaden que esta conducta «irregular y sistemática» consistía en «retener el expediente de cada médico embarazada durante un determinado tiempo, que oscilaba entre uno y tres meses. De esta forma, iban pasando las semanas y algunas afectadas, que se encontraban en el sexto, séptimo y en algún caso hasta en el octavo mes de embarazo, terminaban por solicitar la baja por enfermedad».
El problema está en que «durante el tiempo de espera, las médicos embarazadas tenían que realizar su actividad asistencial y de forma innecesaria y prolongada estuvieron expuestas a diferentes riesgos como la exposición a agentes biológicos (infecciones), gases anestésicos, radiaciones, fatiga mental y física en jornadas prolongadas, así como al riesgo derivado de la actividad nocturna en las guardias».
Afirman que en otras categorías laborales (enfermeras, auxiliares, celadoras, administrativas) este problema no ha ocurrido o, si se ha producido, ha sido de forma aislada. El SMA tiene constancia de que en la provincia esta conducta solamente se está produciendo en el Hospital Puerta del Mar.
Apuntan que estas actuaciones afectan en la mayoría de los casos a médicos eventuales o contratadas específicamente para realizar guardias, aunque entre las afectadas también se encuentran médicos en formación (residentes).
El SMA asegura que en varias reuniones con los distintos responsables del Puerta del Mar, ha pedido explicaciones a la directora-gerente del centro, y en la última reunión le solicitó que iniciara un expediente informativo por cada caso. Ante la falta de respuestas, el SMA de Cádiz denunció estos hechos a la Inspección de Trabajo el 20 de diciembre de 2011, encontrándose la denuncia pendiente de resolución.
Desde la Dirección-Gerencia del Puerta del Mar niegan que se haya incumplido la normativa laboral de protección al embarazo, poniendo así en riesgo la salud de las médicos.
Por su parte, el director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud de toda la provincia de Cádiz y jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Puerta del Mar, Fernando López, asegura que desde 2010, en todos los casos en los que las embarazadas han declarado su estado, se ha seguido el protocolo «a pies juntillas». Este protocolo supone una adaptación del puesto de trabajo para evitar o minimizar los riesgos a los que puede estar expuesta la médico y, en los casos en los que no se pueda adaptar, se la declara No apta temporal y tiene que dejar de trabajar.
La técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales del hospital gaditano, Mª Victoria Prieto Méndez, añade que, cuando las médicos se encuentran en la semana 22 de gestación, se les prepara la documentación que tienen que entregar en el INSS para que en la semana 24 se le haga efectiva la suspensión del contrato.
Pero para todo ello, antes la embarazada tiene que haber declarado su estado y acudir a la unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Estos responsables aseguran que muchas no lo hacen o retrasan la solicitud de la suspensión del contrato en el INSS, «y no se les puede obligar a que lo hagan».
Afirman que la Comisión de Valoración no ha podido retrasar ninguna baja porque en el periodo al que se refiere el SMA esta no trataba los temas de embarazo; que no les consta que haya habido retenciones de expedientes y que siempre se han cumplido las recomendaciones que ellos han dado. «Lo que nosotros decimos, va a misa», expresa Fernando López, quien añade que «el primer interesado en que esto se haga correctamente es a mí porque es mi responsabilidad y hay puestos de trabajo que tienen un riesgo grande».
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