Una docena de extrabajadores de las Cámaras Agrarias de la provincia de Jaén, como han hecho sus compañeros de Andalucía, han presentado una denuncia, en el Juzgado de lo Social, por despido improcedente. Además, registran un recurso contra la Junta, que los dejó sin empleo.

Los casi setenta empleados que las Cámaras Agrarias tenían en Andalucía, doce de ellos en la provincia de Jaén, demandan a la Junta, en el Juzgado de lo Social, por entender que sus despidos son improcedentes. Sus ceses fueron autorizados a mediados de septiembre y como indemnización se establecieron veinte días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. De esta forma se entendía que los ceses estaban justificados. El abogado que los representa, el cordobés José María Muriel, deja claro que sus clientes no lo creen así y, por ello, pretenden probar que se trata de un despido injustificado. De esta forma se logrará que obtengan, al menos, la mayor compensación económica que fija la Ley, con cuarenta y cinco días por año trabajado y cuarenta y dos anualidades de tope para cobrar. Y es que la media de estos empleados en las Cámaras Agrarias ronda las tres décadas y, para colmo, los ponen en la calle con unos cincuenta y ocho años de edad de promedio.

La reclamación tiene dos frentes: por un lado, el de los tribunales laborales y por el otro, el contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que se pone en duda el acuerdo alcanzado por la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, que aprueba los despidos de los empleados, una resolución del pasado 13 de septiembre. La primera intención para dar una salida a la plantilla fue la aplicación de un expediente de regulación de empleo, aunque la medida no prosperó. Después se optó por el despido directo, algo que, como explica uno de los afectados por el cierre, portavoz de los exempleados jiennenses, Santiago López, conocieron sin tiempo ni siquiera para presentar alegaciones. Con el nacimiento de las organizaciones agrarias, el papel de las Cámaras cada vez era más testimonial, e incluso dejaron de tener entre sus empleados a los guardas de campo, al asumir estas labores de vigilancia los ayuntamientos. La Junta también se quedó con otras de las misiones, con lo que estas entidades eran casi inservibles. Ello hace que los extrabajadores no tengan mucha esperanza en ser readmitidos en la Administración. Eso no quita, aclaran, que, como deja claro su abogado, consideren que las condiciones de su despido no respetan sus años cotizados. El Gobierno autonómico se remite a la respuesta parlamentaria, a requerimiento del PP, de la consejera Clara Aguilera, para aclarar la postura de la Administración andaluza sobre esta cuestión. Aguilera afirmó que estas instituciones, según sus palabras, recogidas por agencias, “se deberían haber liquidado hace un año”. En este tiempo se intentó, como precisó la política, que los trabajadores pasaran a formar parte de las organizaciones profesionales agrarias, con el patrimonio de las Cámaras, que se les entrega dentro de la liquidación.

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