El acceso al régimen general de la Seguridad Social ha sido una de las reivindicaciones más demandadas por las empleadas del hogar y los sindicatos, porque con esta medida se ha logrado ampliar los derechos laborales de estas trabajadoras. No obstante, a pesar de que desde el pasado 1 de enero ya es posible pasar del Régimen del Hogar a un sistema especial integrado en el general, en Córdoba el 54% de las profesionales todavía no lo ha hecho.
Si se consultan los datos de afiliación del pasado mes de abril, los últimos publicados por el Ministerio de Empleo, se puede observar que 1.064 personas han actualizado su situación, mientras que 1.258 se encuentran todavía en el sistema antiguo. En total suman 2.322 trabajadoras dadas de alta, lo que representa un incremento del 12% en lo que va de año o, lo que es lo mismo, desde la entrada en vigor de la nueva normativa.
El decreto diferencia entre dos tipos de empleadas. Las contratadas de forma permanente por una familia (basta con que la duración del servicio sea superior a la mitad de la jornada habitual), en este caso es el empleador el que debe iniciar el proceso para la inscripción en el Régimen General, y aquellas que trabajan por horas para distintas casas, que tienen que tomar la iniciativa y presentar la documentación y la solicitud de alta. Además, cuando una persona preste servicio de forma exclusiva para una casa, la Seguridad Social la incluirá en el Régimen General de forma directa a partir del 1 de julio, mientras que las trabajadoras discontinuas dependen de la voluntad de sus diferentes empleadores para seguir cotizando, ya que si estos no se acogen al nuevo sistema, serán dadas de baja en el Seguro a partir del segundo semestre. Estas profesionales representaban en diciembre casi el 20% del total.
Con la entrada en el Régimen General, estas personas accederán a un subsidio por enfermedad común desde el quinto día de baja (antes lo percibían a partir del día 29) y por primera vez recibirán ayuda en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral, mientras que en el plazo de un año también se estudiará la protección por desempleo y «la mejora de la indemnización por despido», según ha apuntado Evangelina Cabanillas, secretaria de Mujer de CCOO.
EN LA PRACTICA En cuanto a los números que las familias deberán calcular para regularizar la actividad de sus empleadas, durante el año 2012 el tipo de cotización se situará en el 22% y, de este porcentaje, el hogar debe aportar un 18,3% y el trabajador sumaría un 3,7%. En el tramo más alto, cuando el empleado cobra más de 700 euros al mes, el coste para la persona que realiza el contrato es de alrededor de 150 euros.
La falta de información, por un lado, y la carencia de compromiso de los empleadores, por otro, han sido los dos aspectos fundamentales destacados por Evangelina Cabanillas y el secretario de Empleo de UGT Córdoba, José Salmerón, para explicar el retraso en la adscripción de estas trabajadoras al Régimen General. En este sentido, un estudio de CCOO señala que solo en Andalucía alrededor de 60.000 personas trabajan de forma irregular en el servicio doméstico (unas 700.000 en toda España), mientras que desde UGT apuntan que «la mayoría o muchos de los trabajadores, sobre todo los que están por horas» se encuentran en «la economía sumergida».
Además, tanto Cabanillas como Salmerón están alertando sobre la existencia de casos en los que el empleador condiciona el alta en el Régimen General a una bajada de sueldo de la trabajadora. «Se entra en el ‘lo tomas o lo dejas’ y tal y como está el mercado, es difícil combatirlo», precisa José Salmerón. La secretaria de Mujer de CCOO también coincide en que «hay mucho miedo» por parte de los trabajadores. En la actual situación de crisis, además, se ha incrementado la competencia porque un mayor número de personas recurre al servicio doméstico como salida laboral, por lo que estos profesionales se arriesgan a «perder el empleo si piden el contrato», señala la sindicalista.
En cuanto al perfil de este sector en Córdoba, desde CCOO apuntan que el 96% de los trabajadores son mujeres y dentro de este grupo, casi el 76% son personas inmigrantes las que ocupan estos puestos «en la economía sumergida sobre todo, porque para ellas es más difícil acceder al contrato por la falta de información y también por ser extranjeras», asegura Evangelina Cabanillas.
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