El Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que a finales de marzo despidió a 22 trabajadores, envió la semana pasada una notificación en la que pedía a las trabajadoras que comunicaran a la dirección si estaban embarazadas y en qué semana de gestación se encontraban, según indica el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los sindicatos confirman que el Incasòl hizo llegar a los empleados el requerimiento a través de su Intranet.
La empresa pública ha despedido recientemente a 22 trabajadores
Xavier Casas, delegado de UGT para las empresas de la Generalitat, afirma que la comunicación fue recibida por las trabajadoras con gran preocupación, «dado el clima casi de pánico que se vive en el Incasòl por los últimos despidos». La dirección se amparó en la Ley de Riesgos Laborales para solicitar esa información, aunque según Ana Tomé, abogada del Collectiu Ronda, la empresa «no tiene ninguna necesidad de conocer un aspecto tan delicado de la vida íntima y lo que tiene que hacer es garantizar la seguridad en el puesto de trabajo para todo el mundo».
Un portavoz del Departamento de Territorio de la Generalitat, del que depende la empresa, afirma que la comunicación se hizo para prevenir riesgos tras registrarse dos casos de tuberculosis en una de las sedes de la empresa, que se informó a los sindicatos y que «no tiene nada que ver con los despidos».
En opinión de Tomé, sin embargo, «aun suponiendo que haya algún riesgo, lo que tiene que hacer la empresa es notificar a todas las trabajadoras que existe, pero sin solicitar información íntima», y «emplazarlas a que emprendan las medidas de protección oportunas, según su estado». La abogada añade que preguntarles si están embarazadas «vulnera el derecho a la intimidad de las trabajadoras».
Los sindicatos afirman, además, que aun tratándose supuestamente de una medida de protección ante un riesgo de infección concreto, «no tiene sentido que se envíe a los empleados de todos los centros de trabajo, incluidos aquellos sin contacto directo con los casos». Tomé defiende el «derecho de las trabajadoras a negarse en rotundo a aportar esa información» y además afirma que «antes de llegar a eso tienen derecho a no ser preguntadas, porque eso ya puede acarrearles consecuencias psicológicas».
La notificación, que apareció en la web para empleados del Incasòl, añadía que de forma «opcional» las trabajadoras podían presentar también un informe médico que acreditase el estado y la semana de gestación. La «torpeza» de la redacción, según los sindicatos, provocó revuelo entre las trabajadoras, que no están seguras de si la comunicación del embarazo en sí es obligatoria.
Esto llevó a que en una reunión que mantuvieron los trabajadores a finales de la semana pasada se compartieran inquietudes. Aseguran que aún no han tenido una explicación sobre los motivos de la notificación.
La plantilla de Incasòl acogió todo este revuelo en medio de un clima de incertidumbre sobre el futuro de muchos puestos de trabajo de la empresa y poco después de que se despidiera a 22 personas y de que algunas de ellas denunciaran a la entidad pública por considerar que su despido no estaba justificado. Un trabajador de la empresa aseguró que la petición fue recibida por los empleados con «malestar» y que llega en un momento «muy inoportuno, ante las probables reducciones de plantilla».
Según Xavier Casas, los despidos que hubo en el Incasòl en marzo fueron «absolutamente aleatorios y sin sentido, y son el mejor ejemplo de lo que no debe hacer una empresa pública». Afirma, además, que la dirección de la empresa contribuye a acrecentar el desánimo entre la plantilla porque «actúa con una actitud despótica y se niega a recibir a los representantes de los trabajadores y a facilitarles información».
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