La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Extremadura detectó el pasado año un total de 2.474 infracciones en materia de relaciones laborales, un 6% menos que en el 2010, aunque aumentaron un 10% las relativas a la Seguridad Social, que pasaron de 1.485 a 1.628. El importe global de las sanciones superó los 8 millones de euros; frente a los 5,4 de un año antes; 265 trabajadores dejaron de recibir prestaciones por cometer fraude y algo más de 1.200 contratos temporales fueron transformados en indefinidos tras una inspección de trabajo.
Son algunos datos facilitados por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que incide en la necesidad de coordinación entre administraciones para tener éxito en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, principales objetivos para este año.
Destaca el aumento del importe de las sanciones, debido a que se han mantenido, e incluso han subido, las infracciones de carácter grave o muy grave, además de al cambio en el sistema de sanciones por falta de cotización a la Seguridad Social, que pasó de un sistema de cuantías determinadas a otro de sanciones consistentes en porcentajes de las cantidades dejadas de ingresar.
Otro aspecto significativo es que la situación económica actual ha provocado un aumento progresivo del número de deudores y de la cuantía de sus deudas. También es notable el incremento en un 30% del número de prestaciones extinguidas o suspendidas tras detectarse que su beneficiario la compatibilizaba con un trabajo o debido a otros tipos de fraude como trabajo no declarado, motivos por los que fueron sancionados 265 empleados, gran parte de ellos por compatibilizar prestaciones o subsidios por desempleo con trabajo no declarado. A este respecto, un total de 1.777 trabajadores pasaron de la economía sumergida a regular su situación.
Todo ello es fruto de 33.500 actuaciones, 3.500 más que las realizadas en el año 2010. Y es que la Junta considera indispensable la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para obtener buenos resultados en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, por lo que durante este año se intensificarán desde el Ejecutivo regional las actuaciones a desarrollar en esta materia, «encaminadas a una vigilancia cada vez más estrecha en el cumplimiento de las normativas laborales», argumenta.
El año 2011 concluyó con una plantilla de 14 inspectores y 13 subinspectores en la provincia de Badajoz y 8 inspectores y 9 subinspectores en la de Cáceres.
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