La Inspección de Trabajo de Cádiz ha levantado acta de infracción en materia laboral en la que se propone imponer a Cádiz Electrónica, filial de Visteón, una sanción por una infracción calificada de «muy grave», tras el anuncio de cierre de su planta de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Así lo ha comunicado hoy el consejero de Empleo, Manuel Recio, durante su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que ha detallado que esa infracción está derivada de «haberse constatado que la dirección de la compañía no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la ocupación efectiva de la plantilla».
A ello se suma el hecho de «no recuperarse la actividad productiva ordinaria» que se realizaba en esta planta antes del 23 de junio -fecha del anuncio de cierre- por «la falta de entrada de componentes necesarios para la fabricación de productos» y centrarse en la factoría de Palmela (Portugal) todas las operaciones relacionadas con proveedores y clientes.
«Es así como se produjo de hecho un cese de actividad en la empresa sin haberse obtenido autorización alguna de la autoridad laboral», ha dicho Recio, que ha indicado que ese cese de actividad, «prácticamente total», estuvo cercano al 80 % de la actividad normal de la planta, mientras que se facilitó ocupación efectiva únicamente a un 20 % de la plantilla.
Según ha explicado el consejero, la representación de la empresa ha formulado alegaciones el pasado 22 de agosto en relación con el acta de infracción, por lo que está pendiente la resolución de este procedimiento.
Además, ha recordado que el pasado día 5 Cádiz Electrónica solicitó formalmente ante la Delegación de la Consejería de Empleo en Cádiz el inicio del ERE, que «continúa en proceso de negociación entre la empresa y la representación de sus trabajadores» y sobre el que la Delegación ha solicitado más documentación a la compañía, lo que podría retrasar el cierre de la planta.
Según Recio, la Consejería está «poniendo todo su empeño para estar cerca de los trabajadores e intentar paliar el impacto de las posibles medidas de ajustes pretendidas por Cádiz Electrónica» y lo está haciendo «desde el primer minuto» y «haciendo pública una adopción de todas las medidas jurídicas» que estén en su mano.
Ha afirmado que la autoridad laboral «no ha cesado en su vigilancia ni un solo minuto» en este asunto y ha actuado «sin demora», y ha detallado que desde el pasado 24 de junio la Inspección de Trabajo realizó varias visitas a la empresa y mantuvo reuniones con representantes de la misma y de los sindicatos.
La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero ha mostrado sus «dudas» sobre que «para el PSOE y la Junta lo primero sea el empleo» y ha criticado que se reuniera a solas con el comité de empresa y no cuando lo hicieron PP e IU conjuntamente, por lo que ha preguntado a Recio «si intenta en reuniones privadas hacer falsas promesas y trasladar engaños a los trabajadores».
Ruiz-Sillero ha afirmado que «de nada sirve ralentizar la tramitación» del ERE y ha mantenido que en este caso «hay muchas incógnitas», por lo que ha pedido a la Junta que explique si se está trabajando para buscar inversores y si se coordina con el Gobierno central para evitar el cierre de empresas en la provincia de Cádiz.
El portavoz de IU Ignacio García ha insistido en que «el problema va más allá de la tramitación burocrática» y ha instado al Gobierno andaluz a «hacer algo más que vigilar una determinada documentación o que se cumplen unos trámites en plazo».
García se ha preguntado además «qué ocurre en Andalucía» para que «una multinacional anuncie el cierre de una planta en el Puerto de Santa María a la vez que realiza una inversión de 800 millones de euros en su planta de Almusafes (Valencia)».
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