La rabia de cerca de una treintena de trabajadoras que se quedan en la calle es la cara más dramática del cierre de Unipesca. Pero desde la CIG denunciaron ayer que detrás del cierre de esta empresa asentada en O Campiño, conocido esta semana, se esconden dudosos negocios. El responsable del sector marítimo dentro del sindicato Xabier Aboy denunció ayer que la clausura de esta compañía se podría vincular a una trama de apertura y desmantelamiento de diferentes firmas que tiene como único objeto cobrar subvenciones públicas. De ahí que proponga al fiscal especializado en delitos económicos en Pontevedra, Augusto Santaló, que investigue lo que rodea a la clausura de esta transformadora de pescados y marisco.
Unipesca entregó las cartas de despido hace solo unos días. Desde la central nacionalista consideran que estas instalaciones, inauguradas en mayo de 2008, estaban dirigidas en la práctica por los mismos que dirigían Galicia Frozen Fish (emplazada en la parcela de enfrente en el polígono pontevedrés), ahora en bancarrota. También se sospecha que una tercera empresa recién creada y dedicada al mismo sector tiene detrás a las mismas personas implicadas.
«Las órdenes en Unipesca las daba alguien muy conocido en este sector, Juan Antonio Azpeitia, y Manuel Rodríguez», apuntaba ayer Aboy en compañía de buena parte del personal afectado por el cierre. «Curiosamente después de ser comunicados los despidos desapareció la mercancía que había en el almacén», apuntaba ayer, estimando esas existencias desaparecidas en 61 toneladas.
Algo que cree que tiene que ver con la puesta en marcha de una nueva compañía que también tendría como razón de ser el cobro de alguna subvención. Las anteriores habrían percibido ayudas que alcanzarían valores cercanos a la mitad de la inversión según sostienen desde la central nacionalista. Por ello desde la CIG quieren «avisar a la Xunta» para que «no cometa el mismo error por tercera vez».
Aboy apunta que esta nueva empresa tiene administrador, pero no personal. «Todo el sector de transformación dice que esta empresa es una tapadera», mantiene el sindicalista. Por ello denuncia una vez la que a su juicio es una escasa vigilancia sobre el dinero que reciben las empresas de las administraciones. «Cierran y después del dinero público nada se sabe y del que se le debe a los trabajadores, tampoco», critica. Algo por lo que insistió en su petición a la Justicia de que investigue a empresas de proceder «sospechoso». «Esas subvenciones las pagamos entre todos», recordó. «Nosotros estamos dispuestos a contar lo que sabemos», añadió.
Sin papel higiénico
Las trabajadoras afectadas por el cierre, que prácticamente rozan la treintena, relataron algunas de las condiciones en las que trabajaban. «Ni siquiera había papel higiénico, lo teníamos que traer nosotros de casa; los vestuarios carecían de calefacción pero en los despachos sí que había aire acondicionado y a la entrada de la fábrica se construyeron escaleras de mármol», relataron.
Además, lamentan que hasta febrero seguirán sin ver entrar un euro en sus cuentas corrientes, ya que no será hasta ese mes cuando comiencen a cobrar el paro. «Llevamos desde octubre sin cobrar, ¿quién paga las letras así?», se quejan las afectadas.
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