Mayo es el mes por excelencia de las comuniones. Cada año se celebran más de 200.000 comuniones, según los datos de la Conferencia Episcopal. Si usted ha asistido este año a la celebración de una de ellas y han ido a comer a un restaurante, es posible que esa comunión estuviera incluida en un plan de inspección.
Durante estos meses de mayo y junio, la Inspección de Trabajo realiza su campaña intensiva de bodas, banquetes y comuniones con el fin de controlar que los empleados en los restaurantes y hoteles estén dados de alta en la Seguridad Social y, si se trata de extranjeros, que tienen permiso de trabajo. Aunque no todas las comuniones incluyen convite, el negocio no es menor. El coste medio de celebrar una comunión en España se sitúa en los 2.125 euros, según un estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. El principal gasto es el banquete, que supone más de la mitad de la factura total. El coste medio del menú de comunión se sitúa entre los 30 y 60 euros por persona. Y en las bodas es mucho mayor.
Toda la inspección de Trabajo se volcará en esta campaña durante estos dos meses. Este año se ha institucionalizado a nivel nacional y se está haciendo en todas las provincias. Los inspectores y subinspectores de Trabajo acuden a las bodas y comuniones para comprobar que no hay trabajadores sin contrato. Si no está dado de alta en la Seguridad Social, la sanción administrativa a la empresa supera los tres mil euros por empleado, y si no tiene autorización para trabajar en el caso de un extranero, la sanción alcanza los 10.000 euros.
El objetivo de esta campaña es que todos los trabajadores estén dados de alta en la Seguridad Social y que la empresa abone las cotizaciones sociales correspondientes. Es decir, más ingresos para las arcas públicas. Pero también se ha implantado otra línea de inspección dirigida a evitar que salga dinero de los fondos públicos para pagar prestaciones injustificdas, como el seguro de desempleo a quien no ha cotizado.
La iniciativa partió de Murcia hace pocos años, cuando empezaron a realizar comprobaciones y cruces de datos informáticos y descubrieron una importante bolsa de fraude a través de empresas ficticias que facilitan un contrato de trabajo falso o un historial laboral fraudulento a cambio de una cantidad de dinero. Con esos papeles falsos, el presunto trabajador reclama la prestación por desempleo, pide el tercer grado penitenciario, un permiso de trabajo o, incluso, le facilita la obtención de un crédito hipotecario. Los precios que cobran estas empresas ficticias varían, pero suelen oscilar entre los 1.000 y 2.200 euros si los papeles falsos sirven para obtener un permiso de trabajo, entre los 300 y 500 euros si son para cobrar el paro y entre los 2.000 y los 2.500 para lograr el tercer grado penitenciario.
Para descubrir a estas empresas, la Inspección cruza los datos de altas en Seguridad Social con el ingreso de cotizaciones sociales y con las declaraciones a Hacienda para detectar qué sociedades sin tráfico mercantil figuran con plantillas que no se corresponden con la realidad. Cuando de esta investigación inicial salta la sospecha, se realizan visitas al domicilio social de la empresa -donde se comprueba si hay actividad o no- y entrevistas a las personas que figuran como gerentes o administradres: cuando se trata de empresas ficticias suelen utilizar el DNI de indigentes o de personas que han sufrido el robo de su documentación.
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