Menos construcción y más restauración. La crisis ha cambiado los hábitos de consumo y la actividad económica se resiente. Lo que afecta al bolsillo de quien tenía previsto comprarse un piso y ya no puede también llega a ese promotor que ve como sus proyectos están parados. En muchas parcelas de la ciudad en las que se iban a levantar bloques de viviendas solo se ve un triste descampado. La caída de la actividad también condiciona a los 19 inspectores y subinspectores de Trabajo que realizan su labor en la provincia desde su sede en la calle José Arcadio Buendía, en la urbanización Macondo.
«Seguimos controlando las obras, por supuesto, pero ya no es lo mismo. Antes era algo sistemático, el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Ahora también, pero no hay tantas obras, sobre todo obras de gran tamaño», señalan en la Inspección de Trabajo de Cáceres, donde en los dos últimos meses han intensificado su labor en otra dirección: la hostelería y la restauración.
La explicación que se da es que estamos en los meses en los que se concentra la mayor actividad del sector, con numerosas celebraciones organizadas como bodas y comuniones. Los inspectores se han dedicado durante mayo y junio a peinar la provincia para comprobar que el cumplimiento de la normativa laboral es el adecuado, algo que, reconocen, no siempre es lo habitual. «Se puede comprobar a simple vista -comenta un inspector-. Vas a un bar y te sirve la caña de por la noche el mismo camarero que te ha puesto el desayuno por la mañana. Eso es ilegal. No se respeta el horario, pero también es muy difícil demostrarlo».
Aunque el balance es provisional, al menos un centenar de trabajadores en situación irregular han sido detectados en estas inspecciones por los técnicos. Son profesionales que estaban trabajando sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social y en otros casos, además, que combinaban su labor en la hostelería con el cobro de la prestación por desempleo.
No hay datos concretos sobre las sanciones impuestas en esta campaña, pero en lo que va de año la estadística oficial de Trabajo en la provincia de Cáceres alude a 807.334 euros en multas. La mayor parte de las mismas (462.000 euros) corresponde a fraudes o incumplimientos en materia de Seguridad Social. Las sanciones por infringir las leyes de seguridad y salud superan los 145.000 euros, la segunda cifra más elevada.
David, que hace unos meses montó un negocio de restauración en la capital, es uno de los empresarios que ha tenido que dar explicaciones a los inspectores al recibir su visita. En su caso, recuerda, estaba todo en orden, aunque le tocó demostrar que sus dos camareros tenían sus contratos en regla. Los propios inspectores hablan de «una picaresca variada». Se extiende sobre todo en el caso de los extras, cuando se contrata a un camarero para cubrir unas determinadas horas una actividad y es él mismo el que no quiere ser dado de alta.
«Para el dueño del bar o restaurante supone un coste, pero lo asume. Muchas veces es el contratado quien no quiere, bien porque ya está cobrando el paro, bien porque va a tener dos pagadores y eso va a repercutir luego en su declaración de la Renta», subrayan desde la propia oficina de la Inspección. Esa especie de ‘fraude consentido’, como lo denominan, incluso está bien visto y forma parte de la cultura en la que vivimos.
Sin embargo, después de haber descubierto alrededor de un centenar de casos en toda la provincia, la vigilancia se va a prolongar durante el verano. Se extenderá a las pequeñas localidades, aquellos pueblos que celebran sus fiestas y en las que se suele montar el chiringuito o la venta de bebidas de turno. No en vano, parte del balance provisional sobre lo que se ha hecho hasta ahora también corresponde a negocios instalados en las tradicionales romerías.
Los inspectores abundan en que el fraude campa a sus anchas en determinados negocios de los núcleos rurales, donde el dueño de un bar o un pequeño comercio se siente casi a salvo.
Baja la recaudación
Los más de 800.000 euros recaudados por sanciones impuestas en lo que llevamos de 2012 contrasta con los casi 1,8 millones del ejercicio anterior. «No hay afán recaudatorio. Y la mejor prueba de ello es que las multas caen», aseguran fuentes consultadas en la Inspección. La explicación que ofrecen es que la propia situación de crisis obliga en cierta forma, si no a levantar la mano, sí al menos a ser comprensivos con las empresas, justo ahora que viven su peor momento. De mantenerse la actual tendencia, la Inspección cerraría el año con 1,6 millones en sanciones, unos 150.000 euros menos que en 2011.
http://www.hoy.es/v/20120709/caceres/inspeccion-trabajo-intensifica-vigilancia-20120709.html