La Inspección detectó en 2010 unos 1.000 trabajadores en Toledo sin dar de alta en la Seguridad Social


La Inspección de Trabajo ejecutó en 2010 aproximadamente 7.500 expedientes en la provincia de Toledo, de los que unos 1.000 corresponderían a trabajadores que no habrían sido dados de alta en la Seguridad Social y se encontrarían, por tanto, dentro del ámbito de la Economía Sumergida.

Así lo han explicado a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, el Subdelegado del Gobierno en Toledo, Francisco Javier Corrochano, acompañado de la jefa provincial de la Inspección de Trabajo, Noelia Cano, y el director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Juan Camaño, para hablar de las medidas del Plan de Afloramiento y Control del Empleo Sumergido.

En este sentido, la responsable de la Inspección de Trabajo en la provincia ha dicho que esos 1.000 expedientes detectados el pasado año serían de trabajadores sin dar de alta de en la Seguridad Social o que pueden ser perceptores de alguna prestación incompatible con recibir un salario, a los que se unirían trabajadores sin autorización administrativa para trabajar.

Asimismo, ha señalado que la Inpección ha recaudado cerca de 12 millones de euros en Toledo en materia de cantidades defraudadas a la Seguridad Social por falta de cotización o infracotización.

También a preguntas de los medios, Cano ha manifestado que en la provincia de Toledo hay en la actualidad 10 inspectores de Trabajo y 12 subinspectores de Empleo y Seguridad Social. Mientras, en la región, ha señalado que existen unos 34 inspectores y en torno a 38 ó 40 subinspectores.

Algo que, ha dicho, aunque «se podría mejorar» supone una evolución muy favorable en cuanto al número de inspectores en Castilla-La Mancha porque en el año 2005 había en la región solamente cuatro inspectores.

ÁMBITO DOMÉSTICO

Cano ha puesto de manifiesto igualmente la dificultad que encuentran los inspectores para detectar irregularidades en las personas que trabajan en el ámbito doméstico, puesto que la Constitución establece la inviolabilidad del domicilio.

De este modo, ha señalado que «es difícil» entrar a un centro de trabajo que es un domicilio particular porque «se complica mucho la cosa» en comparación con lo que la Inspección puede hacer en una industria, en una explotación agraria o en un bar.

Igualmente, ha querido dejar claro que la Inspección de Trabajo va a luchar contra las extinciones indebidas de los contratos que se producen en verano para volver a dar de alta a los trabajadores cuando acaba el periodo vacacional.

En este sentido, ha apuntado que la merma que se produce para el Estado con este tipo de acción viene por lo que se deja de cotizar y lo que se absorbe de prestación. «Es una práctica que se ha reavivado», ha agregado.

Por último, ha señalado que no cree que en Castilla-La Mancha haya en torno a un 30 por ciento de Economía Sumergida como ha puesto de manifiesto recientemente el sindicato de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA). «O trabajamos muy mal, que no creo que sea así, o las cifras son inferiores», ha sentenciado.

PLAN DE ECONOMÍA SUMERGIDA

Por su parte, Corrochano ha recordado a las empresas las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para la regularización y control del empleo sumergido y ha apuntado que el Ejecutivo central establecerá contactos con los agentes sociales para explicarles en qué consiste esta medida excepcional que se ha puesto en marcha y pedirles colaboración.

En cuanto a las novedades del Plan, el subdelegado del Gobierno, que ha afirmado que no tiene carácter recaudatorio ni de amnistía, ha señalado que se trata de concienciar a los empresarios de la necesidad de tener a los trabajadores regulados, por lo que se produce un endurecimiento «muy importante» de las sanciones.

Así, ha apuntado que se ha establecido un plazo –que comenzó el pasado 7 de mayo y concluirá el 31 de julio– para que los empresarios que tengan trabajadores irregulares normalicen su situación de los mismos solicitando su alta en la Seguridad Social en el régimen correspondiente.

También ha manifestado que a partir del 1 de agosto las sanciones mínimas por falta de afiliación o alta en la seguridad social de un trabajador pasarán de 626 a 3.126 euros o que en el caso de los empresarios que ocupen a trabajadores que están cobrando prestación por desempleo, la cuantía mínima de la sanción pasa de 6.251 euros a 10.001 euros.

Corrochano ha señalado igualmente que a partir de 1 de agosto las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de su propia actividad tendrán la obligación de comprobar que los trabajadores de las contratas o subcontratas están dados de alta en la Seguridad Social, y que habrá posibilidad de excluir de contratar con el sector público a las empresas sancionadas por infracción grave en materia de empleo.

Preguntado por si hay una previsión de cuántas empresas se detectarán en situación irregular en 2011, el subdelegado del Gobierno ha dicho que no y que lo que se pretende en estos momentos es dar a conocer a las empresas el Plan del Gobierno contra la Economía Sumergida para que se pongan al día de sus obligaciones con la Seguridad Social.

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-inspeccion-detecto-2010-1000-trabajadores-toledo-dar-alta-seguridad-social-20110601140205.html

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