Buena parte de los 20 técnicos de prevención despedidos por la patronal de Cecale durante los primeros días de agosto tiene decidido ya demandar individualmente a la patronal castellano y leonesea al considerar que la rescisión de sus contratos no es procedente. Será antes de finalizar este mes cuando los ex empleados presenten sus denuncia ante el juzgado de lo Social amparados además en un informe «demoledor» de la Inspección de Trabajo que califica también como «injustificadas» las razones económicas, organizativas y productivas alegadas por la organización de empresarios para prescindir de la mitad de su plantilla.
El último capítulo de este proceso se vivió ayer en Valladolid en un acto de conciliación que apenas se prolongó por espacio de un cuarto de hora y en el que tampoco se llegó a ningún acuerdo con los ocho trabajadores presentes, que no aceptaron el pago de 26 días y medio por año trabajado, superior a los 20 que ofreció la empresa en un primer momento al considerar que el despido era «objetivo» argumentando incluso los resultados negativos del último año y del primer semestre de 2012 en la confederación. A estos trabajadores hay que sumar los de varias provincias más -entre ellos Salamanca y Zamora-, que también van a recurrir al juez para intentar ser readmitidos o mejorar las condiciones de su despido. En cambio, según ha podido saber este periódico, alrededor de media docena de empleados ya habrían acordado con Cecale su marcha de la patronal.
Si no se produce una contraoferta de última hora, serán los juzgados los que fallen si el expediente de regulación presentado por la organización presidida por Jesús Terciado es válido o no. Si lo rechaza atendiendo, por ejemplo, a las conclusiones de la Inspección se abre la posibilidad de que decrete la nulidad del mismo y obligue a reincorporar a los empleados. Esta es la posibilidad que barajan los propios trabajadores, aunque también temen que una vez vuelvan a sus puestos la organización presente un nuevo ERE con argumentos diferentes de los que la Inspección ha desacreditado y sobre los que el juez tendrá que pronunciarse.
El informe señalaba que las causas económicas esgrimidas por la patronal «no están justificadas» debido a que la actividad que realizan esta financiada por la subvención de la Junta de Castilla y León. En este sentido, la valoración remitida señala que si la Junta minora esas cantidades «podría justificarse una reducción del número de trabajadores o de su jornada laboral, pero en ningún caso la extinción de los contratos dedicados a esta actividad». En cuanto a las causas organizativas, la Inspección también niega la mayor al defender que «sí hay para fondos para esta labor». Por último, rechaza asimismo los motivos productivos al asegurar que, frente a lo defendido por Cecale, «sigue habiendo demanda de asesoramiento por parte de las empresas y sigue en vigor el acuerdo para los años 2012-2015» firmado en el seno del Diálogo Social de la Comunidad a principios de este año.
Por otro lado y como ya había detectado la Consejería de Economía, se considera que «no se ha podido realizar» el periodo de consultas de forma «efectiva» debido a que Cecale «no ha aportado la memoria explicativa, que impide que pueda desarrollarse este proceso al no disponer los trabajadores de la documentación clave».
http://www.abc.es/20120907/comunidad-castillaleon/abcp-mayoria-despedidos-cecale-demandara-20120907.html