La Comunidad Valenciana es la segunda región española en términos absolutos y la primera en relación al número de habitantes donde más empleo sumergido detecta la Inspección de Trabajo. El fraude diario de las empresas valencianas a la Seguridad Social es de 464.000 euros, según los datos del informe estadístico del ministerio de Trabajo que ayer difundió el sindicato CC OO.
Durante el primer trimestre de 2011, los inspectores de Trabajo realizaron 15.312 actuaciones, cuyo resultado fue la promoción de 2.408 altas a la Seguridad Social de personas que trabajaban al margen de los cauces legales y no figuraban en los registros fiscales ni estadísticos. El resultado de este afloramiento fue la imposición de sanciones por 41,77 millones a los empresarios valencianos investigados y la obligatoriedad de convertir en indefinidos 1.365 contratos.
En todo caso, CC OO advierte de que estas «penalizaciones económicas son teóricas, ya que el cobro real de las sanciones en muchas ocasiones se complica por la imposibilidad de imputar jurídicamente a los defraudadores porque ocultan la verdadera titularidad de las empresas». El sindicato denuncia el hecho de que con una tasa de paro de casi el 24% en la comunidad, «algunos empresarios aprovechan para instaurarse en la economía sumergida, vulnerando derechos fundamentales de las personas trabajadoras».
Ahorrar costes
Y recuerda que «cuando un mal llamado empresario ofrece un empleo irregular, probablemente lo hace por ahorrarse un coste laboral que le permitirá posicionarse en el mercado de forma ventajosa». Por eso piden a las organizaciones empresariales una mayor implicación a la hora de denunciar ellas mismas los fraudes sociales, fiscales y laborales, «una losa para la competitividad de la mayoría de las empresas que sí cumplen con sus obligaciones».
Donde más empleo sumergido se ha detectado es en la provincia de Alicante, donde Trabajo promovió 1.522 altas. En Valencia fueron 619 y 267 en Castellón. La Comunidad Valenciana solo defrauda menos que Andalucía, donde las empresas fueron obligadas a dar de alta a 2.803 trabajadores. La tercera es Canarias (2.034 altas) y luego Cataluña, con 1.761. Estas comunidades tienen gran dependencia de la actividad turística.
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