La primera residencia pública de Amorebieta, que se inauguró el pasado mes de abril, ya ha ocupado cerca de un centenar de sus 112 plazas disponibles, según informaron desde Igurco. Esta empresa socio-sanitaria se encargará durante los próximos 38 años de la gestión del centro, tal y como figura en el acuerdo alcanzado con la Diputación, que cuenta con una plantilla de alrededor de 60 personas. La situación contratual de la plantilla ha levantado las críticas del sindicato ELA, que pide a la Inspección de Trabajo que investigue cómo está, después de que quedará constatado judicialmente el despido improcedente de siete trabajadoras.
Los hechos denunciados se remontan al pasado 13 de septiembre cuando la compañía de servicios socio-sanitarios Igurco que gestiona el centro decidió prescindir de los servicios de siete trabajadoras. Según informan desde ELA, «la empresa vizcaína ha pretendido deshacerse de las trabajadoras, alegando una finalización de contrato, que no era tal, al existir un evidente fraude en la contratación, como así ha quedado acreditado finalmente», comentan después de haber ganado las siete demandas interpuestas a Igurco por cada una de las empleadas despedidas,
«Dejación» de la Diputación
Sin embargo, la empresa, que tiene potestad para explotar el centro de ancianos durante los próximos 38 años, ha explicado que «se trata de un cese laboral que ha sido interpretado como un despido improcedente. Se decidió no renovar el contrato temporal a estas personas por diversas razones», detallaron, al tiempo que añadieron que «no tienen nada que ocultar y que estarán a disposición de cualquier requerimiento administrativo».
En consecuencia, Igurco tendrá que hacer frente a las indemnizaciones y a los salarios de tramitación correspondientes, «por tener contratadas de manera irregular y posteriormente despedir a dichas empleadas», afirman desde el sindicato vasco.
La central considera que «la situación irregular de estas trabajadoras no es una excepción en la residencia José Maria Azkuna, sino que al contrario, prácticamente toda la plantilla se podría encontrar en una situación de fraude de ley». Por este motivo, ELA asegura que «interpondrá una denuncia a Inspección de Trabajo para regularizar la situación contractual del resto del personal» de la residencia.
Por su parte, Igurco, que mantiene su compromiso de «ofrecer el servicio de calidad al que tienen derecho los mayores», ha manifestado que «están obrando desde la legalidad y que colaborarán con Inspección de Trabajo en lo que sea necesario».
El sindicato también ha criticado la «dejación» de la Diputación en la gestión de sus residencias, que por una parte adjudica a empresas externas y por otra «no hace ningún tipo de seguimiento de las condiciones de trabajo» que se aplican.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20111112/duranguesado/piden-trabajo-investigue-residencia-20111112.html