La huelga de los trabajadores de oficinas de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), dependiente de la consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ha sido seguida por cinco empleados de los 419 convocados por los sindicatos, que no han dado cifras se seguimiento.

Según han informado a EFE fuentes de la empresa pública, la huelga ha sido secundada por un trabajador en Albacete, de los 43 convocados, y cuatro en Guadalajara de los 38 existentes.

En Toledo, ninguno de los 167 empleados ha secundado la huelga, y tampoco lo han hecho en Ciudad Real, cuyas oficinas cuentan con 88 trabajadores, ni en Cuenca, donde hay 83.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, a preguntas de los medios de comunicación hoy en Cuenca, ha afirmado que «en la empresa hay absoluta normalidad».

Sobre las reivindicaciones manifestadas por el sindicato UGT en la negociación del convenio de estructuras, Martínez Guijarro ha manifestado no entender la postura «de algunos representantes sindicales».

«El acuerdo es fácilmente alcanzable y no entiendo esa postura, como tampoco la entienden los trabajadores, y a las pruebas me remito en el día de hoy», ha indicado el consejero.

Ha recordado que se tomó la decisión de paralizar las negociaciones hasta pasar las campañas electorales y la empresa se comprometió a retomarlas una vez concluidas las elecciones del 22 de mayo.

El titular de la administración autonómica ha negado la existencia de presiones, amenazas y coacciones a los trabajadores, como han denunciado los sindicatos, aseverando que «es absolutamente falso. Ningún responsable de la empresa está amenazado a ningún trabajador para que no firme nada».

Según Martínez Guijarro, lo que la empresa ha hecho ha sido explicar su oferta para la negociación del convenio y la mejora de las condiciones laborales y ha asegurado que los trabajadores están de acuerdo.

En cambio, UGT ha emitido esta tarde un comunicado en el que sin datos de seguimiento de la huelga, afirma que se han dado casos de «amenazas y prácticas antisindicales que han llevado a cabo los dirigentes de la empresa publica, sembrando el mido a quienes pudieran participar en ellas».

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