Los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir han criticado que la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, «ha consumado el despido colectivo de los trabajadores de la institución», a los que, según estos empleados, se les adeudan 14 mensualidades «y sin pagarnos nuestra indemnización por los años de servicio».
En una nota, estos trabajadores han criticado la actitud «cínica y prepotente», así como el «abandono y la agonía» a la que les ha sometido la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, de forma que les «privan» de sus puestos de trabajo, «y tras tantos meses sin cobrar nuestros salarios sólo nos queda el triste consuelo de poder malvivir a partir de ahora y durante unos pocos meses gracias al subsidio de desempleo».
«Este es el amargo sentimiento que compartimos los 41 trabajadores de la Mancomunidad después de que el pasado 11 de septiembre, la institución comunicara a nuestros representantes legales, de forma totalmente unilateral, el final del proceso de negociación exigido por la ley en la tramitación del despido colectivo», ha agregado este colectivo.
No obstante, los trabajadores han puesto de manifiesto que «en ningún momento ha existido tal negociación, sino que solamente ha habido una serie de decisiones unilaterales adoptadas por la Mancomunidad con la finalidad de ‘disfrazar’ el procedimiento de negociación exigido por la ley en la tramitación del despido colectivo, sin que en ningún momento haya existido tal negociación».
Así, han explicado que «tras anunciar desde hace varios meses la decisión de despedirnos a todos sus trabajadores, la Mancomunidad ha esperado al mes de agosto para tramitar un proceso de negociación absolutamente formal y artificioso con la finalidad de cumplir la normativa legal, pero estando totalmente vacío de contenido».
Insisten en que «no se han producido reuniones reales entre la representación de la Mancomunidad y la nuestra, la de los trabajadores, sino meras comunicaciones por escrito, sin ningún contenido negociado».
Asimismo, apuntan que la Mancomunidad «no nos ha ofrecido dinero alguno a los trabajadores, conocedora de que ni tan siquiera iba a poder pagar la indemnización a la que por ley tenemos derecho». Agregan que, además, «y a pesar de que la propia presidenta sostiene públicamente que la Mancomunidad no tiene dinero y que mantiene una importante deuda con los trabajadores y proveedores, amen de mantener otros débitos como impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros, sí que se ha permitido contratar y pagar a los asesores que le tramitan el expediente de despido colectivo».
ALEGACIONES ANTE LA INSPECCIÓN
Estos argumentos, junto a otras muchas «arbitrariedades e irregularidades» fundamentan el contenido de las alegaciones que, a través de sus representantes legales, los trabajadores han realizado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Entre otras han enumerado la «arbitrariedad en la inclusión y exclusión de determinados trabajadores por parte de la Mancomunidad en el expediente de regulación de empleo; la prioridad por parte de la Mancomunidad en pagar sus servicios a la firma de asesores que le tramita el despido colectivo, en lugar de que los primeros en percibir nuestros salarios seamos los trabajadores, tal y como se contempla en el convenio colectivo de la Mancomunidad, o la arbitrariedad respecto de los cuatro trabajadores excluidos del despido colectivo para llevar a cabo la liquidación de Mancomunidad, cuya selección se ha llevado a cabo sin tener en cuenta su capacidad profesional, sino atendiendo a razones de afinidad con la presidenta de la Mancomunidad».
Los trabajadores consideran que la «catastrófica» situación de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir «únicamente responde a la incompetencia, irresponsabilidad y falta de capacidad de sus gestores, alcaldes, quien con su demora en la toma de decisiones han provocado un panorama económico y laboral caótico con una deuda que la propia presidenta sitúa en torno a los 40 millones de euros».
Estos empleados creen que la Mancomunidad también tiene que responder de las deudas generadas por su sociedad instrumental Gesalquivir SA «por mucho que a través del concurso de acreedores pretenda hacer valer la personalidad jurídico privada de este sociedad».
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-trabajadores-mancomunidad-guadalquivir-critican-consuma-despidos-les-deben-14-meses-20120926180209.html