La Delegación del Gobierno en Galicia ha iniciado una campaña informativa para dar a conocer los pormenores del decreto aprobado por el Ejecutivo central contra la economía sumergida a través de reuniones con los sectores en los que el plan contra el empleo ilegal tiene una mayor incidencia. Así, las cuatro subdelegaciones del Gobierno gallegas desarrollarán reuniones con colectivos de empresarios, cámaras de comercio, colegios de economistas y gestores, entre otros. Hasta el 31 de julio, los empresarios que ocupen trabajadores de manera irregular, por no haber solicitado su afiliación inicial o alta a la Seguridad Social, podrán regularizar la situación de los mismos sin recibir sanciones, a partir de ahí «la economía sumergida se perseguirá con saña», según declaró el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo.
A partir del 31 de julio la Inspección de Trabajo extremará el control de una práctica que ha ido in crescendo con la crisis pero que viene de atrás. Solo en los últimos tres años, la inspección laboral detectó 4.500 empleos sumergidos en la provincia de Pontevedra. Hasta el 31 de julio los que se acojan a este período de gracia, no solo no serán sancionados, si no que podrán beneficiarse de las reducciones y bonificaciones que conlleve el tipo de contrato que realice. Para informar y «persuadir» a los empresarios de los beneficios de cumplir la ley, la subdelegación del Gobierno en Pontevedra inició ayer una ronda de reuniones sobre la «regularización y control del empleo y la economía sumergida» con distintas organizaciones empresariales en la provincia. «En los últimos tres años ha aflorado una media de 1.500 empleos sumergidos en la provincia» informó el subdelegado, Delfín Fernández, quien explicó que las sanciones derivadas de la lucha contra el empleo informal «serán siempre al empleador». «El trabajador ya tiene la sanción de no tener derechos laborales ni protección social», argumentó. El plan del Gobierno parte del endurecimiento de las multas a las empresas que tengan entre su plantilla a personal irregular. Las sanciones por incumplir con la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social –que antes se penaba con multas de entre 626 a 6.250 euros– serán de 3.126 a 10.000 euros. En el caso de compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo y otras ayudas públicas incompatibles, la sanción irá de 10.001 euros hasta 187.515.
En 2010, la Inspección de Trabajo detectó 571.864 trabajadores en situación irregular en todo el país, 19.692 en Galicia, de un total de 5.475 infracciones descubiertas en la comunidad gallega. Las sanciones económicas rozaron los 250 millones de euros en el conjunto del Estado.
Además de endurecer las sanciones administrativas, el plan del Gobierno incluye otras dos medidas para combatir la economía sumergida. La primera supone imponer a las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de su propia actividad o cuyos trabajadores presten servicios en la empresa principal de forma continuada, la obligación de comprobar que los trabajadores de las contratas y subcontratas están dados de alta en la Seguridad Social. No hacerlo se considera una infracción grave, que está sancionada con multas de entre 626 y 6.250 euros.
La segunda medida supone «excluir de la posibilidad de contratar con el sector público a las empresas que resulten sancionadas por infracción grave en materia de empleo no declarado».
El empleo sumergido mueve al año en Galicia unos 4.700 millones de euros, equivalentes al 8,9% del PIB gallego, según cálculos de técnicos de Hacienda.
http://www.farodevigo.es/economia/2011/06/07/trabajo-detecto-4500-empleos-irregulares-provincia-pontevedra-tres-anos/551959.html