El Ministerio de Trabajo no tiene previsto incrementar la plantilla de inspectores y subinspectores de Trabajo y de la Seguridad Social en Alicante, a pesar de que la reforma de la ley que ordena su funcionamiento, aprobada el viernes pasado por el Consejo de Ministro, establece aumentar las dotaciones humanas y técnicas del cuerpo fiscalizador en materia laboral. El sindicato CC OO no oculta su disgusto y subraya que «así es imposible frenar la economía sumergida», según explica la secretaria Consuelo Navarro.
Alicante es, tras Barcelona, la provincia española en la que más empleo sumergido se afloró en los últimos ejercicios, tanto antes como durante la crisis económica. La presión sobre el empleo irregular no ha cesado por parte de la inspección. Por ello no ha parado de crecer el clandestinaje descubierto y regularizado.
Sin embargo, y pese a la evidencia de la estadística oficial del Ministerio, con la friolera de 5.682 empleos irregulares aflorados en el año 2010 que hasta entonces no cotizaban a la Seguridad Social, el Ministerio no aclaró ayer a este diario si habrá o no concurso público o cambio de destino de inspectores y subinspectores en favor de Alicante. «No está aún decidido», explica una portavoz oficial del Ministerio a este diario.
Tecnología avanzada
Con el fin de combatir el fraude laboral y a la Seguridad Social, el Gobierno aprobó el viernes pasado el proyecto para reformar la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según explicó el Gobierno y el Ministerio el viernes, el cambio tiene por fin mejorar la lucha contra el fraude y convertir estos organismos en un instrumento más especializado, con mejores medios tecnológicos y nuevos funcionarios especializados en materias de seguridad y salud en el trabajo. Añadió que el Ministerio «espera dotar a la inspección de una organización «más adecuada» al actual escenario competencial y que permita una mejor cooperación entre las administraciones general y autonómicas».
Con la falta de criterios a la hora de asumir ese aumento de plantilla y medios humanos, no se hizo esperar la reacción sindical, especialmente reivindicativa en esta materia y en la denuncia del repunte de la economía sumergida por la crisis económica.
A preguntas de este diario, Consuelo Navarro, cuyo sindicato es especialmente beligerante en el área de calzado de Elda, con varias y estrambóticas operaciones en fábricas de calzado, asegura que «el cambio aprobado por el Gobierno es, sobre todo, de carácter organizativo y de clarificación de competencias, pero no observa nada sobre aumento de dotaciones en Alicante de inspectores».
La provincia de Alicante cerró el pasado año como la segunda con más fraude laboral descubierto. Tras Barcelona, con 7.376 empleos clandestinos aflorados, se situó Alicante, con 5.682, prácticamente el doble que Valencia, pese a que la vecina provincia tiene tres veces más población activa ocupada. Seis millones fue la sanción impuesta a los empresarios alicantinos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Alicante tramitó expedientes liquidatorios por valor de 39 millones de euros, un dinero que recuperó la Tesorería gracias a la encomiable laboral de los inspectores laborales.
Alicante lidera la economía sumergida descubierta en España desde hace más de un lustro, aunque algunas regularizaciones son por errores en el procedimiento.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110621/economia/trabajo-preve-incrementar-inspeccion-20110621.html