Pertenezco al cada vez más amplio colectivo de trabajadores que prestan sus servicios en empresas inmersas en concursales o expedientes de regulación de empleo (ERE). Me contrataron tres días antes de que la mía presentase el suyo, ya hace tres meses. Casi 50 compañeros se han visto afectados directamente por su aplicación, pero llevan ya 43 días de permiso retribuido. El resto, los que continuamos trabajando, llevamos cuatro meses sin cobrar. Se nos han hecho dos ingresos del 40% de la nómina más atrasada: en mi caso, unos 300 euros que ni siquiera me han permitido satisfacer las deudas más acuciantes porque, tal y como ha entrado el dinero en la cuenta, mi entidad financiera se ha encargado de distribuirlo. Ante esta situación, algunos hemos solicitado que nos den acceso al paro renunciando al finiquito que nos corresponde, pero se nos ha contestado que con un ERE eso no es posible. Bien, pues inclúyannos en el ERE. Eso tampoco es posible. Así que hace tres meses que no cobro, que mis acreedores se ciernen sobre mí y que no puedo ir al paro, donde cobraría bastante más de lo que esta empresa tendría que pagarme. Y, para rizar el rizo, el cliente de mi empresa a quien yo represento es acreedor y no paga las facturas presentadas, con lo que es el responsable indirecto de que no cobremos. Me siento secuestrado, indefenso y estafado y, mientras, sus señorías se ríen y aplauden medidas que atentan contra el bienestar del pueblo al que deberían defender y representar. Poco debe importarles la desesperada situación de tantos millones de ilusos votantes.

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