El 30 de Abril de 2011, tras coaccionarnos tanto a mí como a mi compañero para que siguiéramos trabajando para la empresa, aunque externalizando los servicios técnicos que hasta ahora se habían venido prestando, se firmó un contrato de prestación de servicios técnicos entre la empresa (que había promovido este asunto) y la empresa que tanto mi compañero como yo formamos para darles el servicio técnico pero como autónomos. Lógicamente, la empresa nos despidió, y se llegó a un acuerdo con ella para que la indemnización se prorrateara durante los dos años que iba a tener de duración el contrato que se firmaba de prestación de servicios. Está claro que la empresa quería seguir contando con nosotros, pero quería ahorrarse cargas sociales, al proponernos que nos hiciéramos autónomos.
Pues bien, al poco tiempo de la firma de ese contrato, comenzaron las tácticas de presión o mobing por parte de la empresa para desprestigiar nuestra labor, buscar excusas para no pagarnos ciertos variables que estaban recogidos en ese contrato, etc.
La empresa decidió unilateralmente romper el contrato que se había firmado, y dejarlo sin efecto a partir del día 10 de diciembre de ese mismo año 2011. Además, no sólo rompió este contrato, sino que dejó de pagarnos la indemnización por despido correspondiente.
Hay que señalar, que nuestros despidos fueron según ellos por causas objetivas (descenso de facturación), despidiéndonos tanto a mi compañero como a mí con 20 días por año trabajado y solicitándose al FOGASA el 40% de dicha indemnización.
El fraude reside en que en realidad la empresa nos despidió con 32 días/año trabajado, pues sabía perfectamente que las causas económicas que alegaba no nos las podía hacer ver, ya que como buenos conocedores de la empresa y tras los altos cargos de responsabilidad desempeñados durante años no podían engañarnos con ese tema.
Actualmente, tenemos interpuesta una demanda por lo mercantil relacionada con el citado contrato, contra esa empresa (RIEGOS DE LEVANTE MURCIA, S.L.), además de sendas demandas por lo laboral, relacionadas con el impago de las cantidades pendientes de recibir en concepto de indemnización.
Se da también el caso de que para el cobro de parte de esa indemnización se expidieron a nuestro favor pagarés por parte de la empresa con vencimientos mensuales, pagarés que ahora no reconoce la empresa, ya que su propia existencia delataría el fraude cometido ante el FOGASA al solicitar la ayuda correspondiente al 40% sobre los 20 días que según ellos nos habían asignado, cuando en realidad nos despidieron con 32 días.
Estoy a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que precisen sobre este caso.
