¿Libertad o control empresarial?.
Luis Oliva, colaborador de ABP


Hace ya unos años, en una clase de formación en prevención de riesgos laborales, el Jefe de la Inspección de Trabajo de Sevilla, por aquel entonces, nos explicó la labor de esta institución en lo que respecta a la seguridad y salud de los trabajadores en las empresas. La inspección de trabajo se dedica a inspeccionar según campañas, denuncias o indicios. Este organismo público hace cumplir la legislación laboral mediante inspecciones a centros de trabajo y empresas y es el único que tiene la potestad para poder sancionar sin juicio previo. Además también proporciona asesoría laboral y se ocupa de analizar e interpretar la legislación para establecer criterios únicos ante la distinta y numerosa casuística que se puede dar.

La clase magistral terminó en un debate entre alumnado y profesor sobre responsabilidades de la inspección de trabajo en la accidentalidad laboral. Obviamente, la culpabilidad de que se produzcan incidencias laborales, no es responsabilidad del organismo, pero analicemos la situación.

Poniéndonos en contexto, debemos saber que la inspección de trabajo gestiona medio millón de controles por año. Se sabe también que el ratio estatal es de un inspector de trabajo por cada 23 mil trabajadores. Y concretamente, en la ciudad de Sevilla, por poner un ejemplo, en el año 2015, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), había 111.645 empresas (existen 3.186.878 compañías registradas en España). Hace 10 años, en toda la provincia de la capital andaluza, actuaban 23 inspectores de trabajo y, según me han contado hace poco, esta cifra no ha variado, será culpa de la crisis. Hagan ustedes las cuentas del número de empresas que debe gestionar cada funcionario.

Es de reseñar que esta administración del Estado (Inspección de Trabajo y Seguridad Social), tiene competencia en contrataciones laborales, en las leyes sobre trabajo y seguridad social y, además, en la seguridad y salud de los trabajadores. Es decir, reparte su trabajo, no siendo exclusivo en el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las empresas.

Al ser una administración pública del Estado y depender de él, tiene una marcada línea política impulsada por los gobiernos de turno, por lo que su dedicación depende de lo que sus ¨jefes¨ (políticos) les ordenen. Por lo visto, últimamente, se centran en buscar irregularidades en desempleados que compatibilizan su prestación por desocupación con trabajo ¨no reglamentario¨, con un éxito de detección del engaño a la ley de sólo un 2%. Quizás los políticos estén buscando una justificación para criminalizar a desempleados y personas migrantes. Sin embargo, como denuncian los inspectores de trabajo progresistas, su línea de trabajo no va encaminada, por ejemplo, en buscar contrataciones fraudulentas a tiempo parcial, que en realidad, son trabajos a jornada completa. Sólo un 1.13% de las inspecciones se dirigen a la detección de esta desviación.

Ante esta inspección de trabajo más encaminada a otros asuntos que nada tienen que ver con la seguridad y salud laboral, se encuentran las trabajadoras y trabajadores en las empresas, indefensos ante las irregularidades vividas en su día a día. Puede ocurrir que un empresario sea sancionado antes por saltarse las normas viales que por no cumplir la legislación laboral. Efectivamente, todos nosotros y nosotras caminamos por la calle y, muchas veces, conducimos, y seguramente no sean pocas las veces que crucemos calles por lugares no destinados a ello o, incluso, vayamos a mayor velocidad de la máxima permitida. La policía local, guardia civil, agentes de movilidad o el cuerpo competente, estará al acecho y no le temblará el pulso a la hora de ponernos una multa porque hayamos aparcado 5 minutos en doble fila y, probablemente, sea con razón.

Al igual que la policía cumple con una labor disuasoria para que no cometamos infracciones, la inspección de trabajo debería hacer lo mismo en las empresas. Y es uno de sus objetivos, pero no es real su consecución ya que no es capaz de absorber tanta cantidad de empresas ni velar por sus trabajadores. Y entiéndase que, seguramente, no se deba ni a su aptitud ni a su actitud.

La clase política de nuestro país debe entender que hay una legislación laboral que se tiene la obligación de cumplir, que empleadas y empleados tienen el derecho de mantener un bienestar de su salud por el ejercicio de su trabajo y que la responsabilidad de esto la tiene la empresa y, por tanto, quienes la gestionan. Hasta que la clase política de este país no relacione que la sobreprotección de la empresa, en muchas ocasiones, merma las condiciones laborales de aquellas personas que trabajamos en ellas, seguiremos sufriendo abusos y accidentes laborales, porque el control es una manera de evitar males y la inspección de trabajo no vigila el cumplimiento de la ley todo lo que se debiera.

Quizás se nos escape a nuestro conocimiento el por qué específico de esta protección que gozan las empresas, pero permítanme sospechar en su intencionalidad. Al igual que las dos últimas reformas laborales se han encaminado a la ¨flexibilidad¨ laboral, sólo favoreciendo a la empresa, esta línea política de gestión de la inspección de trabajo también sigue esta senda. El sistema capitalista y quienes lo llevan a la práctica en nuestros gobiernos se encargan de dotar de mucha libertad a la empresa, es el ¨gran sueño americano¨, poder generar riqueza a toda costa, pero el ¨a toda costa¨ de la libertad empresarial no puede ir en detrimento del deber de protección de la salud de las personas que trabajan y viven gran parte de su día a día en la empresa.

La sociedad avanza, las empresas mejoran, la tecnología ha llegado para quedarse, las personas están más concienciadas y en la era de las telecomunicaciones, mejor que no se sepa que la usura es la que administra tal compañía para no quedarse sin clientes en lo que canta un gallo. Todo esto hace que cada vez haya menor siniestralidad laboral y todos nos alegramos, pero queda mucho por delante. El ahorro por no implantar medidas preventivas en la compañía todavía puede llegar a ser rentable para el empresario ya que, en términos materialistas, se limita a una pérdida de productividad en caso de bajas laborales. Gracias a mutuas y seguros de accidentes se consigue aplacar la pérdida económica que genera un accidente laboral.

El fin último de una inspección debería ser la eliminación del control, es decir, que no hiciese falta vigilar porque se cumple a rajatabla la legislación aplicable. Hasta entonces, la Administración Pública debería plantearse elevar el número de inspectores de trabajo, no para igualar proporcionalmente su número al de fuerzas de seguridad del Estado pero, al menos, aparentarlo para no ser sospechosamente protectores de la empresa, ya que en España viven 46 millones de personas, de las cuales, actualmente, trabajamos 18 millones y el número de agentes de seguridad del Estado es desproporcionado al de inspectores de trabajo y seguridad social.

Luis Oliva, técnico de prevención de riesgos laborales
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