Un grupo de extrabajadores de la ONCE ha interpuesto una denuncia contra la organización ante la Inspección de Trabajo por la aplicación de un presunto “ERE encubierto contra decenas de técnicos cualificados” que formaban parte de la plantilla de la misma y “camuflándolo como despidos objetivos”. Los afectados sostienen que la situación denunciada contraviene los principios de la propia ONCE, ya que “se beneficia de exenciones fiscales plenas y grandes beneficios sociales por el mantenimiento del empleo y por carecer de ánimo de lucro”.
La organización, por su parte, niega la dimensión de los hechos, e incluso se escuda en el silencio de los sindicatos, aunque sí reconoce que la ONCE lleva inmersa desde hace cuatro años en un proceso de reestructuración acorde con las nuevas circunstancias sociales que está afectando a su funcionamiento. Como explicaba a este periódico Jaime Hernández, director de la ONCE en Jerez, “hemos tenido sucursales y delegaciones en numerosas ciudades y pueblos, pero con la incorporación de las nuevas tecnologías se han ido suprimiendo poco a poco porque hemos encontrado una vía más rápida y económica de mantener el contacto con nuestros afiliados. En este sentido, la ONCE ha apostado por mantener las agencias con un volumen de actividad más grande por número de afiliados y trabajadores”.
Lo que también reconoce Hernández es que se han centralizado los servicios de gestión económica en las capitales de provincia, mientras que el resto de la gestión sigue siendo competencia de las agencias locales. Y es ahí donde ha terminado por desencadenarse la polémica, como explica Myriam Reyes, una de las afectadas: “Los despidos podrían estar relacionados aparentemente con este proceso paulatino de supuesta racionalización de recursos y de fusión y liquidación de antiguas sedes y direcciones administrativas de la ONCE ubicadas en capitales de provincia. Así se desprende de la batería de despidos que la organización está llevando a cabo de manera encadenada desde los primeros días del presente mes de noviembre entre graduados sociales, contables, interventores, administrativos y otros profesionales altamente cualificados” en toda España.
Según denuncia el colectivo de afectados, “la ONCE está obligando, bajo coacción y amenaza de despido -algo que desmiente la organización-, a firmar solicitudes de traslado voluntario a ciudades de otras comunidades autónomas, a cientos de kilómetros, obligando al afectado, bien a aceptar el traslado sin compensación económica alguna, desestructurando y no conciliando a su familia, bien a rechazarlo forzando así el despido objetivo con una mínima indemnización”, que es lo que han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo.
El silencio de los sindicatos
La organización se escuda en que si estuviera ocurriendo algo grave, los sindicatos habrían sido los primeros en denunciar la situación, “pero no han dicho nada hasta ahora”. Una conducta que les recriminan los afectados, que aseguran que están “al servicio de la empresa”.
El problema son las formas, no el fondo
El colectivo denunciante asegura que lo importante no es el número de afectados, sino las “formas” empleadas por la ONCE para “extinguir” los puestos de trabajo, para no verse perjudicada ante las “exenciones fiscales de las que se beneficia por mantener el empleo y los beneficios sociales por carecer de ánimo de lucro”.
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