Murcia: Trabajo sanciona o induce la contratación de 2.000 empleados no dados de alta, solo en el primer semestre


El Ministerio de Empleo, a través de la Inspección de Trabajo, ha realizado 4.078 actuaciones para detectar la economía irregular entre enero y junio de 2012, como resultado de las cuales ha puesto 564 sanciones por falta de afiliación y alta a la Seguridad Social; al tiempo que ha realizado 1.452 altas de oficio o altas inducidas.

Cabe destacar que el Ministerio impone sanciones cuando “está meridianamente claro” que el empleado trabaja por cuenta ajena pero no está dado de alta en la Seguridad Social, y puede actuar de oficio para realizar la afiliación.

No obstante, hay otros casos en los que cabe la duda de si el trabajador trabaja por cuenta ajena o no, por lo que no cabe la sanción. En este caso, la Inspección de Trabajo comprueba posteriormente la situación del trabajador, y si ha sido dado de alta por el empresario de ‘motu propio’, computa como un alta inducida.

Así pues, la suma de las infracciones por falta de alta y las altas de oficio e inducidas suman más de 2.000 casos en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 10 por ciento aproximadamente sobre las que se arrojaban en el mismo periodo de 2011.

Como resultado de estas inspecciones, la Comunidad ha advertido la presencia de 190 extranjeros sin permisos de trabajo en la Región; al tiempo que ha detectado 205 personas que compatibilizaban su trabajo con la percepción de prestaciones por desempleo.

Así lo ha hecho saber el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, y el presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para dar a conocer el Primer Plan regional contra la economía irregular, que verá la luz en el último trimestre de 2012 y que prevé mejorar los resultados en la la lucha contra la economía sumergida.

A nivel nacional, Llorente ha recordado que en el primer semestre de 2012 el empleo que no estaba declarado y que ha aflorado arrojó una cifra de 39.837 altas en Seguridad Social, lo que supone un 13 por ciento más que el mismo periodo de 2012, lo que constituye un “incremento importante” a su juicio.

Además, el Ministerio llevó a cabo 10.209 actuaciones específicas de inspección para detectar el fraude en prestaciones por desempleo, lo permitió encontrar 4.379 infracciones, en el sentido de que había trabajadores que compatibilizaban el trabajo con la percepción de una prestación en materia de desempleo.

Asimismo, Llorente ha destacado que la creación de empresas ficticias es un fenómeno que “se va incrementando en toda la geografía española. En este terreno, el número de infracciones pasó de 127 en el primer semestre de 2011 a 809 en el mismo periodo de 2012, un 537 por ciento más.

El importe económico de las infracciones pasó de 0,5 millones de euros en el primer semestre de 2011 a cinco millones de euros, es decir, un 858 por ciento más; y las altas ficticias anuladas, es decir, los “contratos falsos”, fueron 14.376 en el primer semestre del 2012, un 118 por ciento más que en el mismo periodo de 2011.

PLAN REGIONAL CONTRA LA ECONOMÍA IRREGULAR

Llorente y Sotoca han mostrado su confianza en que la detección del fraude mejore con la puesta en marcha del primer Plan regional contra la economía irregular, que han presentado en un acto al que han asistido el vicepresidente regional y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, así como representantes de los agentes sociales CROEM, UGT y CCOO que han participado en la negociación del proyecto.

Sotoca ha destacado que el objetivo principal de esta iniciativa es “sumar esfuerzos y reforzar los lazos de colaboración entre las administraciones para “incrementar la eficacia de nuestra lucha contra la economía irregular y estrechar el cerco a los defraudadores, los que utilizan conductas insolidarias”.

En concreto, la economía irregular “aborda un concepto amplio que engloba supuestos que van desde la falta de afiliación y alta de los trabajadores en activo, hasta el pago de parte de la nómina en lo que denominamos dinero negro, pasando por la compatibilización ilegal del trabajo no declarado con la percepción de prestaciones o subsidios”.

La Consejería ha impulsado este plan Siendo consciente de que momentos de crisis como los actuales “incrementan este tipo de comportamientos”. Para evitarlo, el Plan articula medidas tendentes a “potenciar el rechazo social a este tipo de prácticas, a impulsar su detección, control y corrección, así como reforzar la coordinación entre administraciones a través del establecimiento de protocolos de intercambio de información”.

El Plan contempla 11 medidas, y la más “novedosa” según Sotoca son la puesta en marcha de dos protocolos de actuación, uno de los cuales vinculará a la Administración regional con la Federación de Municipios, en virtud del cual, la Consejería a través de la Dirección General de Trabajo podrá obtener información de los municipios murcianos que permita detectar actividades no declaradas.

Por ejemplo, gracias a esta colaboración, la Comunidad podrá detectar indicios de actividad sumergida, como las obras detectadas por los servicios de inspección urbanística, los inmuebles detectados que no figuren en el catastro, la producción de residuos relacionados con actividades empresariales o económicas detectados por los servicios de limpieza viaria, la denuncia de actividades ruidosas o molestas, o las actividades profesionales no declaradas detectadas por la Policía municipal.

En definitiva, Sotoca ha indicado que se trata de “canalizar el buen trabajo que ya están realizando las corporaciones municipales, con la nueva finalidad de detectar actividades no declaradas en el ámbito laboral”.

En segundo lugar, el Gobierno regional va a firmar un convenio de colaboración entre las consejerías con competencia en materia de Hacienda, Trabajo e Industria para intercambiar entre ellas datos relevantes que permitan detectar actividades irregulares. Por ejemplo, ha citado el pago de impuestos autonómicos, las declaraciones de fallidos por insolvencia de empresas, o las declaraciones de actividad en Industria.

OTRAS MEDIDAS

El consejero destacó otras iniciativas que conforman este Plan, como la creación de una vía específica y directa de comunicación de denuncias “que asegure la celeridad en su tramitación”, y la planificación, en la comisión territorial entre Gobierno regional e Inspección de Trabajo, de campañas de inspección específicas en sectores y temporadas con mayor presencia de economía irregular.

Entre las medidas resalta también la posibilidad de que la Administración regional pueda solicitar a la Inspección, con carácter general, la aplicación de sanciones accesorias en casos de falta de alta y cotización. Sotoca se refirió a la pérdida para la empresa de ayudas, bonificaciones y planes de empleo o la prohibición de acceso a ningún tipo de ayuda en dos años.

Asimismo, el Plan contempla la necesidad de que se adopten fórmulas tendentes a fomentar y estimular la regularización de prácticas laborales y fiscales fraudulentas y a potenciar la creación de empresas y empleo en colectivos y territorios afectados por altos niveles de economía sumergida y sectores en riesgo de exclusión.

De momento, las administraciones participantes no cuentan con una previsión del efecto que tendrán estas medidas en la detección del fraude. Precisamente, Sotoca ha señalado que es “difícil de precisar” la economía sumergida, aunque ha recordado que un estudio elaborado por el Consejo Económico y Social en 2006-2007 la situaba en torno al 22 por ciento del PIB regional, y un informe de 2009 desarrollado por Gestha lo situaba en el 24,3 por ciento.

http://www.europapress.es/murcia/noticia-trabajo-sanciona-induce-contratacion-2000-empleados-no-dados-alta-10-mas-2011-20120730143649.html

 

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