UGT-PV pide al juez que anule la orden sobre las plantillas en Educación


El sindicato UGT-PV ha solicitado al juez que anule la orden de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo que fija los criterios para dotar las plantillas en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional al considerar que vulnera los derechos de los docentes a la negociación colectiva.

Así lo recoge el escrito de conclusiones que la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT-PV ha presentado en el procedimiento que tiene abierto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la Conselleria.

Esta orden de Plantillas sustituyó, a comienzos del curso pasado (2010-2011), los acuerdos para el profesorado de la ESO, el Bachillerato y FP y modificó los criterios establecidos en las diferentes resoluciones administrativas dictadas para la organización y funcionamiento de dicho curso.

Desde el sindicato han denunciado que, en lugar de ser objeto de negociación colectiva entre los representantes del profesorado y la Administración autonómica, la orden fue “unilateralmente impuesta” por ésta y supuso “la certificación de la muerte de los desdobles” en FP.

Así, han recordado que la plantilla de FP pasó, según datos de matriculación de principios de septiembre de 2010, de ser de 1.210 profesores a 413, un recorte de casi 800 puestos de trabajo.

UGT-PV ha manifestado ante el TSJCV que la “pseudo-negociación” que la Conselleria realizó entonces con los sindicatos se limitó a presentar una propuesta de orden y a cerrar un “falso” acuerdo “sin cambiar ni una coma de su propuesta inicial” el 25 de noviembre de 2011.

Según FETE-UGT-PV, “no existió verdadera y auténtica” negociación colectiva de las condiciones laborales del profesorado, lo que provocó, a su juicio, “la lesión de su derecho a la negociación colectiva y merece la protección y amparo no solo judicial y legal, sino también constitucional”.

La organización sindical confía en que el TSJCV declare la nulidad de esta nueva orden de plantillas y que exija de la Administración educativa valenciana que “cumpla con su obligación legal y constitucional de negociar las condiciones de trabajo de este colectivo de empleados públicos”.

Han exigido una negociación “auténtica, seria, rigurosa y responsable” que permita llegar a nuevos acuerdos que sustituyan a los denunciados.

“No sólo tiene derecho a ello el profesorado valenciano, sino que también lo exige el propio sistema educativo valenciano para su mejora”, han añadido.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=958124

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