Una mujer denuncia que lleva un año trabajando «a menos de 50 metros de mi agresor»


Al año se trabajan una media de 1.800 horas. Son las que una trabajadora cántabra tiene que pasar a menos de cincuenta metros del domicilio de su agresor, pese a los numerosos intentos para que su empresa la traslade de centro de trabajo. Un año repleto de pegas y excusas en las que ha llegado a escuchar que «un problema como este no tiene que mediatizar mi vida», según consta en las dos denuncias que ha presentado ante la Inspección de Trabajo y el Organismo de Resolución de Conflictos Extrajudiciales.
Un año que resume en dejadez y falta voluntad por parte de la empresa, y en el que se han sucedido denuncias y juicios. «Un año trabajando a menos de cincuenta metros de mi agresor», resume esta trabajadora. «Todos me animan a denunciar, pero luego el apoyo es muy poco». Y al final, asegura, el día a día es ir a trabajar con miedo a encontrarte con tu agresor. «Llevo un teléfono especial de las víctimas de violencia de género, pero si me cruzo con él, en pocos segundos el daño puede estar hecho».
Todo comenzó en enero de 2010 cuando, víctima de agresiones físicas, psíquicas y verbales por parte de su expareja, cursó una denuncia ante la Guardia Civil de Castro Urdiales. Un día después el juez dictó orden de alejamiento para el agresor, que no puede acercarse a ella a menos de 200 metros. Fue a partir de entonces cuando empezó a trabajar-primero fue Empredinser y más tarde en la UTE Fundación Integrando Garbialdi- sin dejar de comentar su situación personal a las encargadas y la dirección. En esas circunstancias, la sorpresa llegó en octubre del año pasado, cuando la envían a trabajar a un domicilio que está a menos de cincuenta metros del de su agresor. Afirma que al saberlo, perpleja, acude a hablar con la dirección. Le contestan que estudiarán su caso. A partir de ese momento, ha pasado un año pendiente de cambiar de puesto de trabajo -su empresa tiene centros en Castro, Laredo y Colindres- . La UTE Fundación Integrando Garbialdi tiene un contrato con el Gobierno y presta servicio a personas dependientes en domicilios, hospitales y centros de día.
Pero, como en todo conflicto, hay dos versiones y la de la empresa difiere mucho de la de la trabajadora. La UTE asegura que está dispuesta a cambiarla de puesto de trabajo siempre que surja una vacante, pero también que desconoce cuál es el domicilio del agresor, puesto que ella no lo ha comunicado a la dirección. Mientras la trabajadora abre el abanico de posibilidades y dice que estaría dispuesta a trasladarse -dentro del grupo empresarial Garbialdi- a Vitoria, la empresa rechaza esa opción porque asegura que se trata de empresas diferentes. «Ha llegado a decirme que trasladarme de puesto de trabajo supone perjudicar a otra empleada», lamenta mientras alerta de que su agresor ha roto la orden de alejamiento en varias ocasiones. «No quiero perjudicar a nadie, pero tampoco quiero que la solución se tome cuando ya no haya remedio», insiste. «No quiero ser una cifra más en una estadística».
Y es que ella cree que la empresa no la traslada por dejadez. «No hace nada porque no quiere», dice mientras adelanta que su voluntad de seguir trabajando es firme: «nunca voy a dejar de trabajar por haber sufrido una agresión y esta situación no mediatiza mi vida, como afirma la empresa, pero miedo si tengo».
Las mujeres víctimas de violencia de género tienen una serie de derechos recogidos en el convenio estatal de servicios a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Entre ellos figura el de la reducción o reorganización del tiempo de trabajo o la movilidad geográfica.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20121021/cantabria/mujer-denuncia-lleva-trabajando-20121021.html

 

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