Cuando a inicios de 2008 pusimos en marcha la web abusospatronales.es nuestro objetivo principal, como afirmábamos en nuestra declaración de intenciones, era “luchar para que estos abusos adquieran visibilidad pública, para que entren en la agenda política, para convertirlos en asuntos públicos y exigir la intervención activa de los poderes públicos para que el respeto a los derechos humanos no se detenga a las puertas de las empresas”. Los abusos contra los derechos de los trabajadores, a pesar de constituir una realidad de enormes dimensiones que atentaba contra los derechos básicos de millones de personas en nuestro país, no constituían un “problema social”, no merecían la atención pública ni de las instituciones estatales.
Desde entonces, el sufrimiento de la clase trabajadora no ha hecho sino crecer. La denominada “gran recesión”, a pesar de estar causada por desmanes financieros, fue aprovechada por sus propios responsables para organizar un ataque despiadado contra las clases populares: desmantelando servicios del Estado de bienestar, dificultando el acceso a pensiones dignas, recortando derechos laborales… Estos ataques han sido posibles, en parte, gracias a la iniciativa que han tenido la derecha y el gran capital en definir cuáles eran los “problemas sociales” -y, con ello, las soluciones-. Así, se nos dijo que el sistema de pensiones estaba en crisis porque no había dinero en la “hucha” -obviando todos los regalos fiscales a bancos y familias adineradas-, y que la culpa era del “envejecimiento” de la población -que viviéramos más años era un “problema”-: la solución no podía ser otra que retrasar la edad de jubilación y exigir más años de trabajo para acceder a las pensiones. Una y otra vez se definían los “problemas” de manera que las soluciones llegaran siempre al mismo sitio: recortar derechos y prestaciones, exprimir las ubres de las vacas más flacas hasta que sangren, sacrificar ante el altar de los mercados a los más débiles y apaleados -esas “clases perjudicadas” que eufemísticamente llaman “desfavorecidas”-.
Mientras tanto, fuera de los focos públicos, en muchas empresas españolas se ha asistido a una cruenta “recuperación de beneficios” y de la “competitividad”: aumentando ritmos y jornadas de trabajo para “ahorrar costes” -para despedir a quienes corran menos-, desmigajando las jornadas de trabajo para no pagar ni un minuto improductivo, obligando a hacer horas extraordinarias no pagadas, bajando salarios y complementos, contratando a tiempo parcial para hacer jornadas interminables, obligando a los asalariados a convertirse en “trabajadores autónomos”, haciendo contratos “de prácticas” para servir mesas, robando salarios, deslocalizando, precarizando, engañando, amenazando….
Todos estos atropellos han quedado durante mucho tiempo fuera del debate público. Esta invisibilidad ha sido un elemento esencial que les permitía perdurar. Sólo recientemente han comenzado a salir a la escena pública algunas de estas realidades: la movilización de las camareras de piso (las “kellys”), la denuncia de las condiciones miserables en la hostelería, las condiciones leoninas en empresas “punta” como Amazon o Deliveroo.
Mientras todo esto sucedía, durante muchos años no hemos visto una sola acción estatal que intentara poner freno a los desmanes empresariales en la explotación laboral. Los abusos que sufren millones de asalariadas y asalariados no eran cuestión de Estado. Tampoco preocupaban demasiado a partidos de izquierda, más preocupados en cuestiones culturales, en identidades y esencias, o en machacar con el soniquete de la corrupción. La aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 27 de julio, del Plan Director por un trabajo digno ha supuesto un giro rotundo en esta situación. Por fin el B.O.E. recoge un plan aprobado en Consejo de Ministros donde se expone a las claras la generalidad de los abusos que sufre la clase trabajadora y se plantean medidas para combatirlos. Aunque los detalles del plan pueden -y deben- discutirse, aunque haya mucho margen para mejorarlo, lo esencial de este Plan es que por fin pone sobre la mesa con contundencia como problema de Estado los abusos patronales. Por ello, representa una oportunidad que no debemos desaprovechar. Por dos razones principales. Primero, porque sirve de base a la reivindicación y aplicación de medidas para frenar los abusos patronales y mejorar las condiciones laborales. Segundo, porque sirve para marcar la agenda política, para que las fuerzas progresistas pasen a la ofensiva, para redefinir muchos “problemas sociales”.
Frenar los abusos patronales
La redacción del Plan Director es clara: se trata de apostar por el “trabajo decente”, de “recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo”. Y para ello se trata de combatir situaciones que los lectores de ABP conocen bien y que en el plan se enuncian con una claridad que no esperábamos encontrar:
“Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo de otras personas. De qué otra manera pueden definirse mejor las precarias condiciones de trabajo, la imposición de jornadas superiores a las legales a los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial o a tiempo completo, su impago o abono inferior a lo debido, sin reflejo en nómina y, por tanto, en fraude fiscal y a la Seguridad Social, el uso abusivo y fraudulento de contratos temporales para realizar actividades que son permanentes por dar cobertura a la necesidad ocupacional real de la empresa, o la derivación de actividades realmente laborales hacia la falsa condición de trabajador autónomo o de becario. Solo partiendo del conocimiento de la vida y condiciones materiales en que se desenvuelve hoy el trabajo o de las nuevas formas precarias de organización del mismo en determinados casos (cambios constantes y sin apenas preaviso de turnos y horarios de trabajo, ritmos y cargas de trabajo extenuantes, con incidencia sobre la salud y la seguridad, etc.), y no solo desde fríos datos estadísticos, podemos aspirar a encontrar soluciones que comiencen a ser satisfactorias y eficaces.”
El Plan Director denuncia la elevadísima temporalidad, el gran número de contratos a tiempo parcial que luego encubren jornadas más largas, el exceso de horas extraordinarias y el impago de muchas de ellas, la generalización de los falsos autónomos encubriendo relaciones salariales, la enorme caída de salarios, especialmente de los más bajos, la proliferación de contratos temporales en fraude de ley, la utilización de los contratos de formación y aprendizaje o en prácticas para relaciones salariales que no conllevan ninguna formación, la fraudulenta contratación temporal de profesores que quedan en desempleo en época de vacaciones escolares, el no respeto del descanso legalmente establecido entre jornadas de trabajo, los excesivos ritmos de trabajo debidos a la reducción de plantillas, el impago de salarios, la subcontratación para eludir convenios colectivos y para precarizar aún más a los trabajadores, la discriminación hacia las trabajadoras embarazadas…
Para ello propone medidas sobre todo de control, de refuerzo de la inspección de trabajo y de coordinación de la inspección con otras agencias del Estado. También propone la puesta en marcha efectiva del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la potenciación de una Herramienta de Lucha contra el Fraude que cruce datos de distintos organismos estatales, la actualización del Buzón de Lucha contra el Fraude -que pasará a llamarse “Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”-, donde cualquier persona que conozca abusos laborales pueda denunciarlos anónimamente. Además, propone reformar la normativa laboral, con medidas como modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador -única forma de luchar contra la extensión ilegal de las jornadas laborales y otras múltiples formas de abusos en los horarios, como modificarlos unilateralmente y a menudo en el mismo día- o incrementar las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral -para que sean realmente disuasorias-.
Por su redacción, por su diagnóstico de los problemas del mundo laboral y por las medidas que propone, el Plan Director representa así un enorme avance frente a todo lo que habíamos visto en muchos años. Aunque tenga lagunas, aspectos a mejorar, multitud de medidas poco definidas, incluso aunque sólo sea una operación “electoralista”, representa una oportunidad para esgrimirlo como bandera, como reivindicación, para exigir su cumplimiento, su superación, para marcar objetivos y que éstos estén constantemente en el debate público, para que los abusos patronales no vuelvan a ser invisibles. Independientemente de las voluntades de quienes lo lanzan, el Plan Director es una enorme baza a jugar por las fuerzas progresistas: lo peor que podrían hacer es ignorarlo o denunciarlo como una mera mascarada en lugar de plantearlo como una plataforma de reivindicaciones básicas.
Marcar la agenda política
Este Plan Director no sólo es una oportunidad para luchar contra los abusos patronales. También supone una enorme oportunidad para redefinir la agenda de problemas sociales de una forma que beneficie a las clases populares.
En primer lugar, porque pone sobre la palestra este enorme problema silenciado durante tanto tiempo: la extendida ilegalidad en las empresas, la constante transgresión de los derechos laborales y humanos. Un problema que, una vez hecho público, no puede ser ignorado o despreciado desde ninguna posición política: ni siquiera los voceros habituales de la defensa del “orden”, del “respeto a la ley”, de “cumplir con las obligaciones” de la “gente normal” podrían soslayar unas reivindicaciones que se basan en gran medida en eso: en combatir el delito, el fraude, la ilegalidad, el abuso, la coacción, el engaño.
En segundo lugar, porque pone el énfasis en la responsabilidad empresarial en multitud de ámbitos. Así, estábamos acostumbrados a que las campañas contra los accidentes laborales se centraran en las medidas a tomar por el trabajador. Frente a ello, el Plan subraya que es la empresa quien organiza el trabajo y quien, conculcando las normas sobre tiempo de descanso o exigiendo ritmos muy elevados de trabajo, es la principal responsable de los accidentes y enfermedades causados por esas condiciones. Frente a la vía de culpar a la víctima, de individualizar las responsabilidades, de ignorar las relaciones de dependencia y poder en que se desenvuelve todo comportamiento -comenzando por el laboral-, el Plan nos muestra otro camino para definir problemas sociales y soluciones a los mismos: situar todo comportamiento en el entramado de relaciones de poder en que se produce y exigir que el cambio se produzca en este nivel.
En tercer lugar, porque permite redefinir otros problemas. Así, el Plan insiste repetidamente sobre un hecho: la generalización del fraude a la Seguridad Social y a las arcas públicas que implican la mayoría de los abusos. Ello sirve para abordar otros problemas que la derecha trata desde otro ángulo, como el de las pensiones: el problema no es que los trabajadores se jubilen muy pronto, sino que las empresas cotizan mucho menos de lo que deberían ocultando horas de trabajo, bajando los salarios, disimulando relaciones salariales comunes como trabajo autónomo o como becas, etc.
Una de las bazas fundamentales de la acción política es marcar el terreno de juego: sobre qué se discute, cuáles son los problemas a solucionar. Quien define los problemas ya tiene ganada media partida, porque a partir de ellos se definen quienes son los buenos y los villanos, qué tipo de acciones son pertinentes y cuáles no, qué intereses son prioritarios y cuáles secundarios. Al convertir los abusos patronales en centro del debate, el Plan Director por el Trabajo Digno nos ofrece una baza política que no podemos ignorar o menospreciar.
