El Instituto Tecnológico Agrario, dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, tendrá que readmitir o pagar una indemnización global de unos 110.000 euros a dos empleados despedidos de manera improcedente, según consta en sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Las sentencias, dadas a conocer hoy por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, dan la razón a los trabajadores que recurrieron su despido ante los tribunales y a un tercer empleado que fue trasladado de su destino en el Itacyl de manera «impropia», según figura en otra resolución del Juzgado de lo Social número 1 de Valladolid, que pide la reposición de este trabajador en sus condiciones laborales anteriores.
Las resoluciones sobre los despidos improcedentes se refieren al caso de dos trabajadores, un hombre y una mujer, que tenían un contrato por obra o servicio y que no fue renovado por el Itacyl.
Inicialmente, dos juzgados de lo social de Valladolid, números 3 y 4, aceptaron la tesis de esta entidad pública al considerar que lo que se había producido era una no renovación de un contrato temporal, pero ahora la instancia autonómica corrige este planteamiento al observar que la cláusula de temporalidad esgrimida por el Itacyl «no puede considerarse válida» porque el trabajador desempeñaba tareas generales y no circunscritas al proyecto que figuraba en su contrato.
La portavoz de Agricultura del PSOE, Ana Sánchez, ha reclamado que la directora del Itacyl, María Jesús Pascual, y la consejera, Silvia Clemente, «no caigan en la tentación de usar dinero público para pagar las indemnizaciones a estos trabajadores», en un momento en el que «se piden esfuerzos a los empleados públicos» y hay un elevado número de desempleados.
Sánchez ha recordado que estos despidos coincidieron en el tiempo con la convocatoria «ad hoc» de tres plazas en el mismo organismo con los niveles retributivos más altos y sin que pudieran participar en el proceso de selección los contratados indefinidos.
La representante socialista ha pedido el cese de la directora del Itacyl, a la que ha acusado de «nepotismo» -desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos- y de realizar «prácticas medievales» en la contratación de personal.
Además, la portavoz socialista ha recomendado a María Jesús Pascual que se dedique «a dar menos lecciones y más ejemplo» en el uso del dinero público, para lo que le ha aconsejado que tome «algún cursillo».
Sánchez ha asegurado que aún quedan otras cuatro resoluciones judiciales pendientes que afectan a la contratación en el Itacyl por lo que ha considerado que las «irregularidades» denunciadas por el PSOE y algunos trabajadores se han producido «de forma sistemática».
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