OID: Vender boletos por 6 euros al día

Entrevista realizada por Marina Requena i Mora

La Organización Impulsora de Discapacitados ha sido condenada en numerosas ocasiones por fraude, al organizar un sorteo ilegal. Además, explota despiadadamente a las personas que venden sus boletos: aprovechándose de su precariedad económica, les ofrece ingresos miserables sin cotizar a la Seguridad Social. Diego denunció esta situación y ha sufrido amenazas y vejaciones.

La Organización Impulsora de Discapacitados (OID, de ahora en adelante), constituida en 1989 y con actividad por todo el territorio estatal desde 1994, se autodefine como «una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que lucha por la integración del colectivo de discapacitados en España, tanto físicos, psíquicos como sensoriales», para ello, «da trabajo y sueldo digno a más de 3.000 personas con algún tipo de discapacidad repartidas por todo el territorio nacional. Estas personas comercializan el Euroboleto de la OID que es el producto más importante y de sustento de la organización. »

Pero, ¿qué hay detrás de ese tipo de trabajo y sueldo digno?

Diego estuvo trabajando para dicha organización desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de Julio de 2015. Durante ese período, Diego hacía jornadas laborales de hasta 12 horas como vendedor ambulante de boletos, hiciera frío o calor. No tenía contrato de trabajo ni estaba dado de alta en el régimen de la seguridad social. Su vinculación con la OID era un contrato de voluntariado. Su recompensa económica era una comisión del 30% de los boletos vendidos. Al final de día, Diego venía a ganar unos 6 euros. Además, dada la ilegalidad de los cupones y la competencia desleal que ejerce la OID frente a la ONCE, Diego ha tenido que enfrentarse con la Policía y también con vendedores de la ONCE. Todo esto con el agravante de que “muchas veces he tenido que trabajar enfermo, con fiebre y con todo… porque para cogerte una baja tenías que avisar 15 días antes para que no te guardaran los cupones, pero claro, obviamente, no sabes cuándo te vas a poner malo”.

Estas adversas condiciones laborales han sido confirmadas por Ramón Ramiro en el programa La Mañana de TVE1, retransmitido el 17/05/2017. Ramón también vendió boletos para la OID con un contrato de voluntariado y con las mismas condiciones laborales que relata Diego. Después trabajó como delegado en Alcázar de San Juan. Como delegado, Ramón sí tenía un contrato laboral, pero cotizaba dos horas, cobraba 200 euros y trabajaba mañana y tarde.

Diego declara que los tratos recibidos por sus superiores han sido nefastos. Asegura que recibía presiones, gritos, insultos, amenazas y vejaciones. Diego, durante su actividad de “voluntariado”, se quejó de dicho trato a la oficina central: “como una especie de venganza, me denunciaron porque decían que yo les había amenazado”. En agosto de 2015 tramitaron la denuncia desde la OID y a finales de ese mismo año se celebró el juicio en el juzgado número 10 de Valencia. Diego nos cuenta que:

“el tramitador usó palabras contra mí como ‘tú te crees que los jueces son subnormales, a los subnormales no les damos trabajo’… que este caso lo empezaba él y lo acababa él y que me iban a condenar. No me dejó declararme insolvente, no me dejó hacer nada… Luego, aparte, me decía que me buscara un novio o una novia. El tramitador se pasó conmigo mucho Y luego la juez no me dejó comparecer. Yo iba sin abogado, sin nada…intentado hablar y no podía, como si estuviese compinchada [con la OID]…No pude hacer nada y tuve que pagar 60 euros, sin dejarme declarar insolvente. Encima después, como tenía varias denuncias contra la OID, la juez dice: ‘a ver si es que este chico no está bien, vamos a presentar contra él una demanda de incapacidad’ y la han presentado. Ahora pasará aquí en Sagunto y van a ir 4 psiquiatras que me han visto. Van a ir de testigos para alegar que no tengo incapacidad”

Después de este juicio, Diego pasa a vender Lotería Nacional. Un día, mientras realizaba esta nueva actividad laboral, la hija de la delegada de la OID y su marido lo amenazaron e insultaron. Incluso, le llegaron a coger del cuello. Ante esta situación, Diego llamó a la Policía Nacional pero no llegó a denunciar el hecho. Sí lo denunció, sin embargo, el matrimonio que le insultó y amenazó: alegaron que ellos eran los amenazados. Al recibir esa denuncia, Diego interpuso otra demandando al matrimonio. En el juicio se trataron ambas demandas cruzadas y Diego, tras aportar un testigo, ganó la sentencia.

Diego también ha interpuesto otras querellas y demandas contra la OID. Una fue por calumnias e injurias. El compareciente aportó pruebas de unos comentarios que la Vicepresidenta de la OID le hizo a través de su Facebook personal. Uno de los comentarios fue el siguiente:

“eres un ignorante, atrevido, desagradecido, vago, y estas donde te mereces, en la calle, espero que la ONCE coja a todos los que sois así, pues en 2 días la desacreditareis, la hundirá el monopolio, y los tragones que comen de manos de la ONCE desaparecerán. Que Dios se apiade de la discapacidad celebral que tienes (…)”

Este último verbatim condesa la hostilidad, vejaciones y blasfemias con las que Diego ha tenido que lidiar durante su período de “voluntariado” en la OID. También ejemplifica, con claridad, la imagen y representación social que la presidenta de esta asociación tiene de las personas con “discapacidad” a quienes la organización declara querer “integrar” e “impulsar”.

Diego interpuso otra demanda para reclamar reconocimiento de relación laboral y cotizaciones. Reclamó que se le reconociera el tiempo que estuvo trabajando en la asociación de cara a las cotizaciones para el desempleo y la jubilación y denunció los hechos a la Inspección de Trabajo. El pasado 6 de Noviembre llegó a un acuerdo con la entidad. La OID reconoció adeudar a Diego la cantidad de 800 euros.

El tipo de contrato establecido entre la OID y los vendedores es un contrato de voluntariado. Tal como asegura Luis Martínez Vela, abogado laboralista, en el programa de la Sexta Investigación (19/05/2015) “al ser una actividad ilegal, no pueden dar de alta en el Régimen de la Seguridad Social a los vendedores. Por desgracia, la mayoría de los trabajadores no tienen otro tipo de ingresos. Son trabajadores de muy pocos estudios, de una escala social muy baja, etc. Tienen muy pocas posibilidades para llegar a saber cuáles son sus derechos y, de alguna forma, [desde la OID], se podrían estar aprovechando de esta situación”. De hecho, a Diego no se le advierte que no se la ha dado de alta en la Seguridad Social hasta que finaliza su relación laboral con la OID. Como Diego, muchos vendedores de la OID no presentan ninguna diversidad funcional física, mental o sensorial. Su denominador común es una severa precariedad económica que les condena a aceptar este tipo de remuneraciones.

Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la OID, desde su inicio, organizó y comercializó una lotería de carácter ilegal, denominada boleto del discapacitado, que vende de forma ambulante y mediante un portal de internet, y de la que nunca obtuvo título habilitante. Con el trascurso de los años se ha extendido a todo el territorio nacional amparada en el carácter presuntamente social de dicha organización aunque no hay evidencias de que los vendedores del cupón tengan alguna diversidad funcional. La Ley de Regulación del Juego reserva legalmente la actividad de loterías de ámbito estatal, con carácter no ocasional, a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y a la ONCE.

Hay una larga lista de sentencias que dictamina que la lotería que vende la OID no cumple la legalidad. Respecto a la normativa del Estado español, hay 16 sentencias de la audiencia nacional. La propia Comisión Europea ha hecho un dictamen afirmando que la legislación española es correcta. En concreto, una sentencia de 2001 condena a la OID por competencia desleal y ordena el cese de esta Organización. Su situación desde diciembre de 2014 es especialmente compleja. El día 27 la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente de Hacienda, le impuso una multa de 25 millones de euros, posteriormente recurrida y paralizada de forma temporal. Desde entonces, las eufóricas enunciaciones de la organización –La justicia, con nosotros— no se corresponden con la realidad. Decenas de tribunales de primera instancia desestiman sus recursos y los condenan a multas y a pagar las costas – por ejemplo en València, Bilbao, Albacete o Sevilla. Por otra parte, varios autos del Tribunal Supremo inadmiten recursos de la organización. Este hecho lo corroboran más de 30 textos judiciales en los últimos dos años y en todo tipo de tribunales. A pesar de todo ello, el boleto se vende desde hace 25 años.

Además, en los tribunales de Madrid se instruyen dos causas penales contra Dionisio González. Una de ellas por un presunto delito de alzamiento de bienes y por delito fiscal contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades (diligencias previas nº 4907/2012). La otra causa penal es un presunto delito de desobediencia por incumplimiento de la sentencia del juzgado de primera instancia número 12 de Madrid del 25 de junio de 2001, que condenó a OID por competencia desleal (procedimiento abreviado número 3198/2014) por utilizar los mismos números que la ONCE para su sorteo.

Jesús Alberto Fuentes, jefe de control de juegos y azar de la Unidad de Policía, en el mencionado programa de la Sexta, afirma que la comercialización del cupón de la OID es ilegal. De hecho, se han hecho muchas incautaciones de boletos por todo el territorio estatal. Desde el año 1995, se persigue la actividad y según sus datos, los boletos de la OID suponen un 50% del juego ilegal en el Estado español. Pero reconoce que es ineficaz quitarles los cupones a los vendedores, asegura que con eso no se acaba con el problema. La Unidad de Policía tiene información para cesar la actividad, pero espera una orden para poder hacerlo. Una orden que no llega. El agente terminaba su intervención con un epilogo impagable, concentración esencial que evidencia la impotencia de no poder actuar ante una Organización que, según la Brigada especial del Juego, solo intenta lucrarse a expensas de las angustiosas necesidades económicas de un sector de la población -a quien la OID asegura proteger-.

Otro informe de la policía confirma que el juego de la OID podría suponer una estafa al jugador, ya que de los cien mil números de cupones en venta, el 80% no se imprime, ni por lo tanto se vende. De hecho, la lotería de la OID es estadísticamente la que menos premios reparte en el Estado español.

Mientras la justicia propina un revés tras otro a la organización, cuyos empleados más apreciables son sus abogados, la supuesta obra social de la misma, en caso de que exista, permanece en duda. Las numerosas actuaciones realizadas por la Unidad de la Policía Adscrita ponen al descubierto que la Organización no tiene ningún fin social y entre sus objetivos no se encuentra la integración de las personas que venden sus boletos y a los que denominan voluntarios o colaboradores. En este sentido, como ejemplifica el caso de Diego, podemos ver que no dan de alta en la Seguridad Social a los vendedores, a los que la OID capta entre personas desempleadas o que tienen algún tipo de ayuda social mientras usan de pantalla a personas con discapacidad, aunque tampoco hay constancia de que se seleccione a los vendedores por este motivo. Asimismo, Samuel, con amiotrofia espinal degenerativa y atrofia progresivamente de todos los músculos de su cuerpo, denuncia, a través de varios medios de comunicación, que participó y ganó una campaña de la OID para conseguir una silla de ruedas que nunca le llegó. Otro de los ejemplos claros que cuestiona la obra social de la Organización lo encontramos en Lorca. Tras el terremoto, el presidente de la OID anunció un sorteo extraordinario del boleto. Años después del desastre, el Equipo de investigación de la Sexta viajó a la ciudad todavía devastada y, tras conocer los datos, aseguró que solo llegó la décima parte de la recaudación habitual por sorteo.

Juan Carlos Galido, experto en prevención del blanqueo, sigue el rastro del dinero que llega a la OID. Según dicho experto, se puede dibujar un organigrama empresarial al uso de las grandes fortunas. En el epicentro de este Organigrama estaría Dionisio González, presidente de la OID. De él penden una veintena de empresas que van desde empresas de patrocinio deportivo, residencias de ancianos, inmobiliarias, dos hoteles…En el Informe Anual del Juego en España de 2013 se afirma que la fuente de financiación de la OID proviene de los ingresos de la venta ilegal de boletos y que existen sospechas fundadas de que estos ingresos pueden desviarse al patrimonio personal de los dirigentes de la asociación.

Otros informes policiales, citados en una noticia de OKdiario (6/01/2016), aseguran que el patrimonio de los ejecutivos de esta organización “sin ánimo de lucro” muestra signos de opulencia tales como negocios hosteleros, coches de alta gama y operaciones inmobiliarias gracias a los beneficios de la organización. Beneficios cuantiosos ya que no pagan la Seguridad Social de los vendedores y tampoco pagan impuestos— de hecho, la organización adeuda 86 millones a Hacienda. La Policía precisa en sus acusaciones: “Con los beneficios económicos de la venta del boleto, algunas de las sociedades mercantiles investigadas están invirtiendo importantes fondos en hoteles y posadas ″. Hecho que contrasta con el teórico fin de ayudar a personas con diversidad funcional con el que se autodefine la OID. Dichos informes policiales, inciden especialmente en una operación inmobiliaria relacionada con la adquisición y posterior venta del complejo hotelero ‘Posada Puente Romano’, ubicado en Toñanes, Cantabria.

Lo que se esconde detrás de la OID es lucrarse a través de y parasitando la imagen y representación social de las personas con diversidad funcional. Se aprovechan de forma miserable y sin escrúpulos de dicha imagen para obtener unos ingresos ilícitos. El propio Ministerio de Justicia reconoce, en sus informes, que lo que existe por parte de la OID es una intención de lucrarse a costa de las angustiosas necesidades de un colectivo de personas que padece exclusión social.

Casos como el de la OID nos pueden hacer replantear la idea de que la sociedad no debería necesitar este tipo de asociaciones para emplear a gente con diversidad funcional, ni tampoco para proveer obra social. Necesitamos una sociedad que no excluya a ningún colectivo y que no deje a nadie depender de la caridad.

La OID vende un boleto ilegal a nivel estatal, explota a personas e ingresa —según la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violencia de la Policía— unos 56 millones de euros al año ¿Cómo es posible que sigan con la actividad? El juez Marcelino Sexmero, en el ya citado programa de la Sexta explicaba que:

“se trata de una organización que dice que tiene una finalidad social, similar a la que tiene la ONCE y que tienen más de 3000 empleados discapacitados. Por lo tanto, tienen una labor social determinada. Estamos ante un elemento que incide en la política y en la oportunidad que puede tener el gobierno de tomar decisiones pertinentes. El principal responsable de que esta lotería se siga vendiendo es el Estado porque tienen los instrumentos necesarios y posibles para haber clausurado la actividad de la OID. (…) Ante unas sentencias tan claras de ilegalidad como la de la Audiencia Nacional, y el propio posicionamiento de dirección general del juego que sanciona a la OID con una falta grave con una multa de 25 millones de euros. El siguiente paso es hacer un expediente para la clausura de la actividad”

A día de hoy, Diego sigue sin trabajo, viviendo en unas lamentables condiciones de precariedad económica y con una depresión causada por sufrir los abusos ejercidos por la OID. A pesar de esta adversa situación, Diego, junto con otros afectados, tratan de aunar fuerzas de forma colectiva y están constituyendo la Plataforma de Afectados por la OID.

Entrevista realizada por Marina Requena i Mora en Noviembre de 2017
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diego
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diego

gracias por la entrevista,diego nevado afectado por la OID