Con el asesoramiento jurídico del Colectivo Ronda, una parte de las 1.400 personas subcontratadas por empresas al servicio de Nissan reclaman el reconocimiento a todos los efectos como verdaderos trabajadores de la multinacional japonesa para poner fin a las desigualdades en condiciones laborales y salariales
Las personas ocupadas por las empresas subcontratadas, la mayoría por Acciona, operan en las instalaciones y bajo la dirección de Nissan pero no tienen el mismo reconocimiento laboral ni legal que la plantilla de la multinacional japonesa. En total, el conjunto de personas que trabajan para el grupo Nissan-Renault a través de otras empresas supera la cifra de 1.400.
Según José Pérez, el abogado que encabeza el equipo jurídico del Colectivo Ronda que se ha encargado de asesorar al grupo de trabajadoras, la demanda «reclama el reconocimiento a todos los efectos de estas personas como verdaderos trabajadores y trabajadoras de Nissan y poner fin a una situación que permite que, a pesar de compartir tareas y funciones, en la factoría de la empresa convivan trabajadores que no gozan de las mismas condiciones laborales y salariales ni tienen reconocidos los mismos derechos «. El procedimiento se presentó ayer en la Ciudad de la Justicia, durante una rueda de prensa liderada por la cooperativa de abogados.
Pérez asegura que existen indicios suficientes para considerar que «la relación que Nissan mantiene con las más de diez empresas subcontratadas que operan en la planta de Zona Franca constituye un fraude de ley». La subcontratación, explica el abogado, es un mecanismo legalmente establecido pero sometido a regulación para evitar que se convierta en un subterfugio que permita a una empresa rehuir sus obligaciones como legal empleadora o dejar de aplicar las condiciones laborales y salariales que corresponderían a las trabajadoras si las contratara directamente. Pérez subraya las consecuencias de esta forma de relación laboral: «En Nissan ya muchas otras empresas se utiliza la subcontratación como forma de precarización de las relaciones laborales, especialmente en el caso de empresas grandes donde existen convenios colectivos que garantizan a sus plantillas condiciones laborales dignas «. Además, el peso creciente de las subcontratadas, añade, «actúa como factor de presión y amenaza para los trabajadores directamente contratados para que renuncien con más facilidad a lo conseguido».
Las trabajadoras viven las consecuencias en propia piel, estén contratadas por Acciona, Tachi-S, Gestamp, Snopes, Lear, Segula, Faurecia, Comsa, Magnetic Marelli o cualquier otra. «Hay un verdadero mundo de diferencia respecto a estar contratado por la misma Nissan, tanto en cuanto al salario como con respecto al resto de condiciones laborales», señala Juanma Seco, miembro del comité de empresa de Acciona en Nissan y uno de los trabajadores que ha colaborado en la creación del grupo promotor de la demanda. Sin ninguna intervención sindical, ya son más de 300 personas dispuestas a reclamar judicialmente por la situación de cesión ilegal de trabajadores que los afecta. Para Seco, «la demanda se presenta contra Nissan porque realmente somos trabajadores encubiertos de la multinacional, aunque legalmente estamos subcontratados por otras empresas, que se han aprovechado durante años de la legislación laboral».
Con la reclamación judicial, asegura que pretenden «hacer visible una situación que se remonta a muchos años atrás pero que ha estallado ahora», al tiempo que reconoce la dificultad de conseguir una sentencia favorable «. El colectivo de personas subcontratadas se siente invisible y abandonado por las administraciones, «sólo se habla de los 3.000 puestos de trabajo directos del personal de Nissan que se pueden perder con un hipotético cierre», denuncia Seco. La situación de la plantilla de las subcontras siempre ha sido de discriminación a diferentes niveles, pero la situación ahora «se ha convertido en absolutamente dramática y la demanda es nuestra última oportunidad», continúa Seco, quien considera que «cualquier persona que trabaje para Nissan debería tener los mismos derechos laborales y salariales, tanto si es de la plantilla como de una empresa subcontratada».
Además de condiciones laborales mucho peores, Seco también incide en la desventaja de las trabajadoras de las subcontras a la hora de negociar con las empresas. «Después de veinte años trabajando dentro de la fábrica de Nissan pero no en plantilla, ahora podemos salir sin nada», lamenta. «El objetivo de la demanda es obligar a las empresas a establecer una negociación con los trabajadores subcontratados y, al mismo tiempo, poner en evidencia la realidad de la subcontratación empresarial».
1.400 trabajadoras a la sombra
El 28 de mayo se confirmaba el cierre de las plantas catalanas de Nissan Motor Ibérica, que a finales de año dejará sin trabajo a las 3.000 trabajadoras de la plantilla y también a 1.400 personas contratadas por empresas auxiliares del grupo Nissan-Renault. Para hacer visible la situación de las subcontratadas, el 2 de junio se constituía una coordinadora de todas las empresas proveedoras y subcontratadas de Nissan encargada de la organización conjunta de las protestas de todas las empresas externas para tratar de revertir la situación. El 12 de junio, cientos de empleadas de las numerosas subcontratadas que actualmente operan en las instalaciones de Nissan en Barcelona rodearon la factoría de la Zona Franca al grito de «todos somos Nissan» para reclamar igualdad de condiciones laborales con el personal contratado directamente por la multinacional.
Durante una concentración de protesta convocada por las trabajadoras y los trabajadores de Acciona ante la sede principal de esta empresa, el 3 de junio, Cristian Cordero, miembro del comité de empresa de Acciona en Nissan y delegado sindical de Comisiones Obreras de Cataluña, aseguraba que querían «hacer visible el conflicto desde la perspectiva de las subcontratadas». El delegado sindical exigía a la empresa subcontratada que se hiciera responsable de su plantilla ante el grupo Nissan para que el despido «deja muchos trabajadores en situación muy precaria y complicada en la que probablemente les costará volver al mercado laboral». Cordero pide un plan industrial para el sector por parte de los gobiernos catalán y español, «para que el tejido industrial de Cataluña se ve muy afectado con este cierre». Por su parte, Walter Massaro, delegado sindical de UGT en Marelli, reivindicaba la «unidad de acción» desde la mencionada cordinadora para hacer más efectivo el objetivo de visibilizar el conflicto de las subcontratadas: «La reivindicación desde Marelli, con nada más 170 personas en plantilla, no tiene la misma fuerza que la de Acciona, que cuenta con más de 800 trabajadores»