Campaña contra el Tráfico Ilegal de Trabajadores en España

Comunicado de Comunidad Auxiliares de Servicios


En España existe un gran sistema de tráfico ilegal de trabajadores, solicitado, amparado y encubierto por sus autoridades nacionales durante dos décadas al considerarlo una Razón de Estado.

Esta trata está muy documentada y comienza a ser conocida entre la población debido a su acelerada expansión durante la última década, especialmente por quienes la han sufrido o lo padecen, como puede ser tu caso, aunque es posible que ni siquiera lo sepas.

Si una empresa “multiservicios” o “subcontrata” te ha cedido por “Obra y Servicio” para que trabajes en locales de otra entidad que supuestamente ha “externalizado” el puesto, es muy probable que tus condiciones laborales sean ilegales por incurrir en Cesión Ilegal de Trabajadores, contrato temporal en Fraude de Ley y Discriminación laboral, entre otros ilícitos e irregularidades.

Sin embargo como saben todas las partes implicadas en estos casos – abogados, sindicalistas, periodistas, académicos y por supuesto los propios trabajadores perjudicados – estas ilegalidades son masivas en el mercado laboral español, y así se refleja en procesos y comentarios judiciales, artículos y entrevistas de prensa, ensayos y estadísticas, informes sindicales, tesis doctorales y libros especializados.

Se ha llegado a esta situación porque las autoridades que debieran evitar estas ilegalidades, como Jueces de lo Social e Inspectores de Trabajo, consienten que las cesiones ilegales de trabajadores se encubran como “puesta a disposición de trabajadores”, negando que los asalariados realicen su actividad para las entidades donde y para las que trabajan, porque han suscrito un contrato con un intermediario, una “subcontrata” o “multiservicios”, que en la práctica se limita a pagar nóminas y hacer horarios, dejando la formación, dirección de actividad y aportación de equipos materiales a la entidad, que paga por los empleados cedidos menos que si los contratase directamente, por hacer lo mismo, especialmente cuando dicha entidad es pública. Los entes que participan en el negocio ganan a costa de cuanto los trabajadores implicados pierden al ser separados de sus derechos.

Es así como este tráfico ilegal de trabajadores ha crecido, continúa aumentando y es prácticamente imparable en España por impune. Por eso España tiene la mayor tasa de empleo temporal y precariedad laboral de Europa Occidental, porque en medio continente no se dan estas ilegalidades ya que respetan el Derecho de la Unión Europea: los españoles queremos lo mismo.

De ahí que el último medio pacífico que queda a los afectados para acabar con esta situación sea acudir a la Justicia europea, ya que las ilegalidades expuestas también lo son conforme a Derecho Europeo, pues violan lo dispuesto en Directivas como 1999/70, 2001/23, 2008/104 y 2014/23, de obligada aplicación según dicta el Tratado Fundacional de la Unión Europa, vigente desde 2009.

La clave es que esta trata de trabajadores se fundamenta, precisamente, en eludir y obstaculizar la aplicación del Derecho Europeo mediante encubrimiento de los hechos así como tergiversaciones y omisiones de la legislación europea, porque a todas administraciones públicas les interesa que este tráfico continúe por motivos muy concretos.

En síntesis, las instituciones y autoridades españolas amparan este modelo de tráfico de trabajadores a fin de que el mercado laboral surta de mano de obra a menor coste y con mayor jornada de las que habría de tener de contratarse mediante oposición o interinidad con base a Estatutos de Funcionarios, o mediante ETT con base en Directivas Europeas.

Lo consiguen concediendo licitaciones a ETT que operan con apariencia de Empresas de Servicios, “subcontratas” o “multiservicios”, cuyo objeto es interponerse de forma ficticia en las relaciones laborales de los empleados en connivencia con las entidades clientes, para juntas simular hechos que no existen en la rutina de la actividad y eludir la citada legislación europea que protege a los trabajadores cedidos abaratando su oferta, pero en su grave perjuicio, pues lo que uno ahorra y el otro gana, ellos lo pierden en el presente y también en el futuro por cotizaciones y prestaciones sociales.

Todo esto ha sido denunciado con documentación ante la CE y el Parlamento Europeo. La argumentación de las denuncias sostiene que este monstruoso modelo de negocio es un sistema establecido al ser requerido, tolerado y protegido por las administraciones españolas, pues son quienes principalmente lo sustentan contratando empresas que no son ETTs, colaborando así con la competencia desleal de estas y mientras la propia administración de justicia ampara el tráfico ilegal resultante tolerando la evasión del Derecho Europeo por parte de “subcontratas” y “multiservicios”.

Este conflicto jurídico quebranta la sociedad española amenazando su convivencia pacífica de 5 formas: Incrementa la temporalidad y precariedad laboral; deteriora futuras prestaciones y pensiones públicas, provoca indefensión e inseguridad jurídica, incentiva la competencia desleal y las comisiones ilegales y escinde a la ciudadanía en dos clases: funcionarios privilegiados y asalariados míseros.

En la argumentación de la denuncia se recalcan las ilegalidades que de ordinario son víctimas los Auxiliares de Servicios, en suma Recepcionistas, Conserjes, Porteros, Ordenanzas o Bedeles, las primeras categorías de trabajadores abducidos por este tráfico ilegal, mencionando otros afectados por “multiservicios”, “subcontratas” y “externalizaciones” como Personal de Hostelería, Camareras de Habitaciones, Auxiliares Administrativos, de Limpieza o Acompañamiento, Jardineros, Repartidores, Operarios de fabricación, Teleoperadores, Informáticos, Personal de Banca, y un inimaginable muy largo etcétera.

Entre las principales víctimas de este sistema se encuentran colectivos tradicionalmente vulnerables a los abusos laborales, como mujeres, gran mayoría entre los Auxiliares de Servicios y de Limpieza, o inmigrantes de países miembros de Europa oriental, especialmente de Rumanía y Bulgaria. La última tendencia es introducir a discapacitados, que harán lo mismo que sus antecesores por peores condiciones económicas, para mayor ahorro de las entidades clientes. Es una vergüenza nacional.

La pobreza inherente a estos empleos ilegales convierte a sus trabajadores en las víctimas perfectas, pues, por carecer de capacidad de ahorro y estar expuestos a un despido rápido y muy barato, no suelen contratar abogados, afiliarse a sindicatos ni hacer huelgas. Esto explica porqué este tráfico ha prosperado durante dos décadas sin tener la repercusión mediática que debería, hasta el punto de que algunos crean que es una consecuencia de la Crisis Económica, cuando su origen es anterior.

Según una estimación reciente en España hay unos 200.000 Auxiliares de Servicios; pero si se suman los de otras categorías afectadas por este tráfico ilegal la cuantía seria más del doble, y si se añaden quienes ya no trabajan en estas condiciones pero las han padecido, el número de víctimas es mayor. No es exagerado que un millón de personas en España hayan estado sujetas a esta trata en algún momento de su vida laboral, sean semanas, meses o años, durante las dos últimas décadas.

La denuncia pretende llevar los hechos expuestos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, plenamente competente en el caso por violarse el Derecho Europeo, como única vía para acabar con este sistema de relaciones laborales ilegales, pues al ser el propio Estado español quien lo auspicia a través de sus instituciones y administraciones, es imposible solucionar el conflicto mediante los tribunales sociales e inspecciones de trabajo nacionales, porque precisamente son estos quienes no aplican, omiten, evitan y tergiversan, no ya la propia legislación nacional, si no también la europea.

Las autoridades nacionales españolas son parte interesada y contraria en el asunto, argumentando y presionando lo posible ante la CE para que no se incoe un proceso.

Se oponen porque defienden un sistema laboral auspiciado por su aparato funcionarial durante dos décadas como una Razón de Estado, entendida como una política que beneficia a la mayoría de una población en grave perjuicio de una minoría, por cuanto nunca puede ser oficialmente reconocida por sus implicaciones jurídicas y éticas, ni consta por escrito ni se habla de ella fuera de despachos: simplemente se ejerce.

En materia de empleo, altos funcionarios y sucesivos gobiernos españoles siguieron este razonamiento amparando la formación de un “pozo negro” o “fosa séptica” del mercado laboral, infestada de empresas-basura mediante las cuales cualquier persona sin cualificación tiene oportunidad de encontrar un empleo por ilegal, precario y temporal que sea. Estos medios se justifican a fin de 3 beneficios para el Estado: reducción de las cifras de desempleo; reducción de costes de contrataciones públicas y aumento de la media de rentas individuales por salarios.

Sin embargo, los trabajadores caídos en esta poza de la ilegalidad laboral resultan machacados: trabajan hasta un 20% más, cobran hasta un 50% menos, son temporales en lugar de indefinidos entre una prolija serie de abusos, y sus magras cotizaciones recortan sus futuras prestaciones sociales en particular y las de la próxima generación en conjunto. Es el “lumpen-proletariado” o masa de trabajadores discriminados del siglo XXI.

En definitiva, se evidencia como los trabajadores afectados por este sistema son sacrificados en aras de la irresponsable huida hacia adelante que supone esta abyecta razón de Estado cuyos fines justifican los medios. A su requerimiento, la justicia española ha creado de forma tácita e implícita una arquitectura doctrinal que la ha vuelto invulnerable a cualquier denuncia interna, salvo casos muy aislados que no alteran el tráfico descrito, expandiéndose impune, implacable e inmisericorde: la prueba es que las ETTs cierran mientras las “multiservicios” o “subcontratas” aumentan.

El asunto ha llegado a la Unión Europea mediante la denuncia ciudadana EUP 8918/16 EMP y la Petición Parlamentaria 0110/2018, pero es necesario recabar el apoyo de firmantes para demostrar que estas ilegalidades son una dura realidad cotidiana para cientos de miles de personas en España, y conseguir que el Tribunal de la Unión juzgue lo que sucede como única opción para restaurar el Derecho Europeo, acabar con este tráfico ilegal y se compense a los trabajadores afectados.

Hay una campaña de recogida de firmas en dos plataformas:

También es necesario difundir esta campaña en redes sociales:

Es una iniciativa de la Comunidad de Auxiliares de Servicios de España

Entrevistas: contactar mediante este correo electrónico

Print Friendly, PDF & Email

Únete al debate

avatar
  Sigue el debate:  
Notificarme vía email si hay